Luego de semanas de aparente tregua, la Fiscalía de Bolivia volvió a achicar el cerco alrededor de Evo Morales. El fiscal General, Roger Mariaca, anunció este martes que pedirá seis meses de prisión preventiva en el momento en que se haga efectiva la orden de arresto que el expresidente resiste desde el 16 de octubre. Además, la fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, convirtió el lunes la investigación a Morales por “trata de personas para facilitar la prostitución” en una imputación formal. Las autoridades alegan que en 2016, cuando gobernaba el país, Morales supuestamente tuvo una hija con una adolescente de 15 años a cambio de favores políticos y económicos para los padres, quienes también se encuentran acusados.
El caso, que ya se había investigado en 2019 sin resultados, fue reabierto hace tres meses por el Ministerio Público en el marco de la batalla política fratricida entre Morales y el presidente, Luis Arce, ambos líderes del Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales se halla prófugo de la Policía desde entonces, pues no se presentó a declarar a requerimiento de Gutiérrez. Se ha mantenido atrincherado en su bastión político del Chapare, la zona cocalera que domina. Acusa al Gobierno de Luis Arce de lawfare y de haber tratado de matarlo el 27 de octubre, cuando un equipo policial “comando” intentó detenerlo en esa región rural. Las circunstancias en las que se produjo el tiroteo contra los vehículos del expresidente siguen sin esclarecerse y ningún organismo nacional o internacional ha mostrado la intención de investigarlos.
Según declaró a la prensa Gutiérrez, hasta ahora la Policía no ha logrado la captura del exmandatario porque “pese a las gestiones realizadas, se identifican riesgos técnicos y operativos significativos, además de resistencia organizada y dificultades logísticas”. El Chapare es una región selvática controlada casi por completo por las poderosas federaciones de campesinos cocaleros, que Morales dirige desde los años noventa. La única presencia constante del Estado boliviano en ella son los cuarteles militares e incluso estos han sido sobrepasados en momentos de conflicto social.
Por esta razón, muchos bolivianos no han tomado muy al pie de la letra el anuncio de Gutiérrez, aunque el ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo del Castillo, ha asegurado que la Policía tiene la capacidad de hacer cumplir la orden en contra de Morales.
Existe un antecedente reciente de otro político famoso que desoyó el mandato de presentarse ante la Justicia durante varios meses y al final fue capturado. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no salía de esta región porque se sentía protegido entre sus paisanos de diversas acusaciones por el papel que cumplió en el derrocamiento del MAS en 2019. Poco después de la Navidad de 2022, Camacho fue arrestado mediante una operación de precisión quirúrgica que, según algunos informes de prensa, fue la que la Policía intentó repetir contra Evo Morales el 27 de octubre, pero esta vez sin éxito. El ministro Del Castillo no ha reconocido que tal operación haya ocurrido.
Una de las razones de la tregua de la que disfrutó Morales fue la elección en el Parlamento del fiscal Mariaca y luego, en las urnas, de las más altas autoridades judiciales. Apenas concluyeron estas elecciones y cuando Mariaca ya está adaptado a su puesto, se procedió con la imputación y la solicitud de prisión preventiva. El Fiscal General anunció además que el expresidente no podría salir legalmente del país en caso de que quiera hacerlo.
Del otro lado, uno de los más importantes evistas, el senador Leonardo Loza, aseguró que el miércoles su líder asistirá normalmente al festejo del “día de la Revolución Cultural”, en el que conmemorará su llegada al poder hace 19 años. Esta celebración se realizará en una ciudad del Chapare y contará con la asistencia de miles de personas, así que resulta difícil pensar que haya una actuación policial en ella. Loza justificó su respaldo a un acusado por un crimen sexual porque “lo que está ocurriendo contra Evo Morales es absolutamente político. No tiene nada que ver con lo legal”.
La supuesta víctima del caso de estupro no ha declarado ante las autoridades y está en la clandestinidad, junto con su madre. El padre, en cambio, se encuentra en prisión desde octubre. En ausencia de una denuncia, la prueba a la que los fiscales se aferran es un certificado de nacimiento de una niña, supuestamente firmado por Morales y por la madre menor de edad en 2017. El expresidente no ha querido referirse al mismo y tampoco lo ha negado. Las autoridades también alegan que la madre de la muchacha recibió cargos de segunda y tercera línea en el Estado. Finalmente, como elementos circunstanciales, están los antecedentes de Morales, varias veces denunciado informalmente por tener relaciones sentimentales con jóvenes que apenas rozaban la edad legal.
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Publish date : 2024-12-17 14:30:00
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