La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reconoció este viernes que Colombia es el país más peligroso del mundo para defender derechos humanos. Así lo afirmó en la intervención que hizo durante la presentación del informe sobre la investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras de derechos humanos: “La situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país es alarmante. Para decirlo sin rodeos, Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos”. Según la fiscal, la entidad a su cargo ha contabilizado 1.372 asesinatos de líderes sociales en el país entre enero de 2016 y diciembre de 2024, aunque aclaró que puede haber un subregistro, debido a los métodos empleados para concluir quiénes son defensores de derechos humanos y quiénes no.
En su intervención, Camargo reconoció que hay muchas “falencias” y “limitaciones” que entorpecen el progreso de las investigaciones de muchos de los asesinatos. También mencionó que con frecuencia la Fiscalía se topa con barreras para acceder tanto a la justicia como a las zonas del país donde suele haber un nivel mayor de violencia contra los líderes sociales. La fiscal, en su cargo desde hace menos de un año, insistió en la gravedad de la situación, a la que calificó de catástrofe: “Este panorama para nosotros es una catástrofe que no debe continuar, es urgente que la situación de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos esté en el centro del debate nacional”.
La penalista, además, mencionó el informe publicado en 2024 por Front Line Defenders, una ONG dedicada a proteger la vida de los líderes que están en riesgo en todo el mundo. En él, Colombia aparecía como el país más letal del planeta para los defensores de derechos humanos. Las cifras son concluyentes: de 300 víctimas registradas en 2023 en al menos 28 países, 142 eran colombianas, el 48% del total. El año anterior, la cifra había llegado a las 186 víctimas. La organización alertaba entonces sobre el escalamiento del conflicto armado interno, agudizado por las disputas territoriales motivadas por las economías ilícitas que terminaban afectando a las comunidades, sobre todo en áreas rurales.
La conclusión de la fiscal Camargo confirma un hecho que ya ha sido constatado por varias entidades, no solo en Colombia sino también en el ámbito internacional. Hace menos de un año, en marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que 70 de los 126 asesinatos de defensores de derechos humanos en América ocurrieron en Colombia. Eso equivalía al 55% del total de casos. Los cultivos de coca y el tráfico de drogas, decía la comisión, eran los motivos que explicaban esa cifra tan alta. Los cinco departamentos más letales para los defensores eran Cauca, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca y Arauca. En todos ellos, la presencia del negocio con estupefacientes ha derivado desde hace años en sangrientos conflictos que afectan no solo a la población civil, sino también a los defensores de derechos humanos.
A pesar de la evidencia y de los llamados para proteger la vida de los defensores de derechos humanos en Colombia, la situación en 2025 mantiene la tendencia. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el mes y medio que lleva este año han sido asesinados 22 líderes sociales. El más reciente caso ocurrió el 9 de febrero pasado, cuando el líder indígena de la comunidad nasa Leonardo Samir Moreno fue acribillado a tiros en una zona rural del municipio de Puerto Asís, en Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador. Por otra parte, el recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo, en el nororiente del país, ha significado también la muerte para varios líderes sociales de esa región.
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Publish date : 2025-02-13 11:00:00
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