Bajo el sigilo con el que el Gobierno de Ecuador ha manejado el censo penitenciario que, mediante engaños, implicó la toma de muestras genéticas de presos, el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses dispuso la destrucción de dichas muestras. Esta decisión llega tras ocho meses en los que las autoridades suspendieron la controvertida práctica, luego de que EL PAÍS publicara una investigación en la que se revelaba que la administración de Daniel Noboa estaba creando en secreto una base de perfiles genéticos de presos.
Durante varios días, los censistas comenzaron su labor en las cárceles de mayor población y peligrosidad del país, bajo la mirada de los militares. Los internos respondieron a las preguntas de los censistas, entregaban su identificación y abrían la boca para que el personal del Servicio Nacional de Medicina Forense recolectara material genético mediante un hisopo. Cuando se les preguntaba sobre el propósito de la recolección de su ADN, la respuesta era inquietante: se argumentaba que era para identificar a los presos en caso de que fueran asesinados durante motines, masacres o desmembramientos, prácticas que han ocurrido en repetidas ocasiones en los últimos tres años en las cárceles ecuatorianas.
Una muestra del perfil genético solo puede ser solicitada por una jueza o un fiscal. El porcentaje de personas que accede a facilitar esta información en los casos judiciales es muy bajo. Esto hace aún más sospechoso que el Gobierno haya logrado convencer a prácticamente toda la población carcelaria. El plan del Gobierno consistía en que, con la información extraída a los internos, se cree una base de registros que podría ser utilizada para involucrarlos en crímenes futuros o en aquellos que hayan perpetrado en el pasado. Por ejemplo, un preso condenado por homicidio que aporte su material genético podría encontrarse con que sus muestras coinciden con las recogidas en un caso de violación.
Ante los cuestionamientos sobre estos procedimientos y tras la suspensión de la recolección de muestras en las cárceles, el pequeño sobre donde se guardaba el hisopo con cada muestra genética fue grapado a un documento que indicaba el consentimiento de la persona privada de libertad, pero sin la firma de autorización. También se adjuntó una hoja de responsabilidad sobre la custodia, aunque carecía de información esencial: no se especificaba el centro de privación de libertad en el que se tomó la muestra, ni la hora, y lo más preocupante, no había firma de responsabilidad, lo que eleva el riesgo de que estos datos pudieran ser completados a conveniencia. Las muestras recolectadas en la Penitenciaría del Litoral fueron almacenadas en parte en una caja de cartón y en otra en una funda de plástico negra, quedando en un rincón de una de las oficinas de Medicina Legal de Guayaquil, sin refrigeración ni custodia. Posteriormente, se trasladaron a otra oficina del área de genética, donde permanecieron hasta ser entregadas a una empresa de bioseguridad para su destrucción. EL PAÍS ha solicitado en múltiples ocasiones una entrevista con las autoridades del Servicio de Medicina Legal, sin obtener respuesta.
En Ecuador, la ley de protección de datos garantiza a los ciudadanos el derecho a conocer la existencia y acceder a los datos genéticos que consten en entidades públicas o privadas. Además, se debe especificar el uso que se dará a estos datos, su finalidad, origen y destino, así como el tiempo de vigencia de la base de datos y la autorización requerida cada vez que se utilice.
Agentes de la Policía Nacional retiran cadáveres en estado de descomposición de la morgue en Guayaquil, el 12 de junio.Vicente Gaibor
Tras el escándalo de la recolección de muestras genéticas a presos sin su consentimiento, emergieron otras irregularidades en la morgue de Guayaquil, la delegación que más cadáveres recibe, por el aumento incontrolable de la violencia en las calles. El fuerte hedor que inundó los alrededores de la morgue evidenció una grave situación: más de 200 cadáveres de personas asesinadas, muchas sin identificar y otras que no han sido reclamadas por sus familiares, se descomponían en dos contenedores con el sistema de refrigeración averiado desde inicios de año. Estos contenedores fueron habilitados como parte de un plan de emergencia sanitaria en el peor momento de la pandemia de coronavirus y permanecieron en el patio de Medicina Legal para suplir la falta de espacio en la cámara de frío, que estaba colapsada y donde se almacenaban hasta tres cadáveres en una bóveda. A pesar de las afirmaciones del Gobierno sobre una reducción de la violencia, el Servicio Nacional de Medicina Legal ha reconocido que, debido al aumento de la criminalidad, existe un mayor número de cadáveres NN; es decir, cuerpos que no han sido identificados ni retirados por sus familiares.
Los funcionarios recolectaron en la puerta del contenedor pedazos de cuerpos que se salían de las fundas forenses, para almacenarlas en bolsas. En el fondo del depósito, se apilaban brazos, cabezas y troncos sueltos, perdiendo así las identificaciones de los cadáveres. Mientras tanto, en los exteriores de la morgue, los familiares esperaban respuestas de los funcionarios, quienes eludían la crisis, indicando que debían esperar. En algunos casos, los familiares llevaban meses reclamando el cuerpo de sus hijas, hijos, hermanos o nietos. Para mitigar la crisis, el Servicio de Medicina Legal aceleró las inhumaciones masivas exprés. Así, lo evitable ocurrió: la institución estatal encargada de custodiar los cadáveres perdió cuerpos y cabezas, como en el caso del hijo de Ana, a quien le entregaron el cuerpo, pero no la cabeza, ya que había sido inhumada.
El 5 de agosto, la institución declaró la emergencia para movilizar recursos y paliar la crisis, que no es solo de infraestructura y materiales, sino también de recursos humanos. La morgue de Guayaquil, que en 2023 recibió 4.500 cadáveres, batalla el día a día en la zona más violenta de Ecuador con solo cinco médicos legistas, cada uno obligado a analizar hasta 20 cuerpos por día, lo que genera el temor de no cumplir con los protocolos técnicos ni éticos necesarios para esa labor. El protocolo establece que el procedimiento de revisión, toma de fotografías y muestras periciales puede tardar entre tres y seis horas por cada cuerpo, pero en Guayaquil, los médicos no pueden dedicar más de 20 minutos, comprometiendo así posibles evidencias cruciales para la obtención de justicia. El Servicio de Medicina Legal, dirigido por un expolicía, ha contratado médicos generales, pero no pueden realizar autopsias porque no están acreditados como peritos ante el Consejo de la Judicatura, como se especifica en su página web.
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Publish date : 2024-12-09 14:30:00
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