La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, acusó al presidente Daniel Noboa de vulnerar el orden constitucional al negarse a solicitar licencia para hacer campaña política. Durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Quito, Abad advirtió de que en las próximas horas se materializaría un “golpe de Estado” que, según ella, había sido previamente planeado por el mandatario y su gabinete.
“Se consumará el golpe de Estado que el presidente Daniel Noboa y su entorno han planeado”, afirmó Abad, haciendo referencia a la decisión de no solicitar la licencia exigida por el Código de la Democracia, reformada en el 2020. Esta normativa obliga a los funcionarios públicos que sean candidatos en elecciones populares a cesar sus funciones, a fin de garantizar la imparcialidad del proceso electoral.
Sin embargo, Noboa ha sustentado su postura en una interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional de 2010, que no regula explícitamente la figura de la “licencia”, sino que aborda el cómputo de los períodos en casos excepcionales, como la “muerte cruzada”, que disolvió el Legislativo en 2023, lo que dio lugar a la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales. Fue en ese contexto que Noboa asumió la presidencia.
A lo largo de su mandato, Noboa ha hecho una serie de maniobras para impedir a toda costa que Abad lo reemplace en la presidencia cuando tenga que hacer campaña en busca de la reelección presidencial. En al menos dos ocasiones, el presidente la ha apartado de su puesto: primero, nombrándola embajadora de paz en Israel y, posteriormente, asignándole la embajada de negocios en Turquía. La situación escaló cuando una jueza revocó por inconstitucionalidad una orden del ministerio de Trabajo que suspendía a Abad por 150 días del cargo. La vicepresidenta no viajó a Turquía, se acogió a su periodo de vacaciones y el Gobierno declaró -nuevamente- su ausencia, pese a que la Constitución no contempla las vacaciones como una de las razones de ausencia de una funcionaria electa.
Este entramado de maniobras políticas continuó con un decreto presidencial en el que se nombró a Sahira Moya como vicepresidenta encargada, pero Moya renunció 48 horas después. Un nuevo decreto designó entonces a Cynthia Gellibert, quien cumplía funciones como secretaria de la Administración Pública.
El 5 de enero, cuando la campaña electoral comenzó formalmente, Noboa evitó pedir licencia y optó por decir que no haría campaña y punto. Sin embargo, al día siguiente, en lo que algunos analistas consideran una contradicción y violación a la norma, convocó a sus seguidores a una concentración en los exteriores del Palacio de Gobierno, adornado con cintas tricolores. Allí, desde un balcón, dio un discurso en el que aseguró: “¡En cinco semanas venceremos!”. Si bien sus voceros insistieron en que esto no constituía un mitin electoral, sino que fue un encuentro con sus “defensores de la democracia”, la situación ha puesto de manifiesto la preocupante inacción del Consejo Nacional Electoral (CNE), que hasta el momento ha permanecido inerte y sin emitir una postura clara sobre el asunto.
Las alertas sobre las implicaciones legales de la actitud de Noboa no se hicieron esperar. Ante la presión de juristas y observadores internacionales, el presidente emitió un nuevo decreto el 9 de enero, en el que informó que se ausentará por “fuerza mayor” desde las 17.00 del jueves 9 hasta las 16.59 del domingo 12 de enero. Durante este período, la presidencia fue encargada nuevamente a Cynthia Gellibert. Para la abogada constitucionalista Ximena Ron, este decreto plantea riesgos legales significativos, ya que no existe una norma que permita nombrar a una vicepresidenta cuando ya hay una en funciones. “Es un riesgo para quien asuma la presidencia encargada, dado el posible delito de usurpación de funciones”, sostuvo Ron.
En su intervención ante los medios, Verónica Abad no solo advirtió sobre las consecuencias legales de la postura de Noboa, sino que también hizo un llamado internacional, solicitando la activación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Este acto dictatorial pone en riesgo nuestra democracia y nuestro proceso político”, declaró Abad, subrayando la gravedad de los hechos. “Estoy preparada para reemplazar al presidente en democracia y conforme a la Constitución pero me han impedido por la fuerza asumir, inclusive, mi despacho vicepresidencial”, recordó la segunda mandataria.
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Publish date : 2025-01-09 14:39:00
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