Quito, 8 nov (EFE).- Los presos de Ecuador, que superan los 30.000 a nivel nacional, pueden dejar de ser considerados como un grupo de atención prioritaria para el Estado si prospera la reforma constitucional planteada por el presidente, Daniel Noboa.
Noboa, en su propuesta, busca que se reformen los artículos 35 y 51 de la Carta Magna, por lo que su reforma irá primero a revisión en la Corte Constitucional y luego a la Asamblea Nacional (Parlamento).
El artículo 35 de la Constitución señala que “las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”.
Según la Defensoría Pública, los grupos de atención prioritaria son aquellos que históricamente, por su condición social, económica, cultural, política, edad u origen étnico se encuentran en una condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida.
El artículo 51 de la Carta Magna, por su parte, reconoce los derechos de las personas privadas de la libertad, entre ellos el que no puedan ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria o garantizar la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.
Asimismo, que contarán con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral, que recibirán atención a sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.
Si bien en una información anterior de EFE se señaló por error que la propuesta presidencial buscaba sacar de las cárceles a presos de grupos de población vulnerable como embarazadas o pacientes de enfermedades catastróficas, la intención de la reforma es que los presos queden fuera de los grupos de atención prioritaria contemplados en la Constitución.
Colectivos que defienden los derechos humanos de los presos en Ecuador criticaron la nueva propuesta de reforma constitucional del presidente, Daniel Noboa, que plantea eliminar a los reclusos de los grupos de atención prioritaria del Estado planteados en la carta magna.
La Alianza contra las Prisiones señaló que “hace años el estado no tiene el control adecuado de las cárceles, hoy gobernadas por la corrupción y la violencia”.
“Las reformas constitucionales son una cortina de humo que sugiere que se han dado privilegios a las personas encarceladas, cuando lo que hay es tortura y muerte”, señaló este colectivo.
Por su parte, el Comité de Familiares por una Vida Digna lamentó que el presidente diga que ‘gasta mucho’ en las personas privadas de libertad.
“¿En qué ha invertido? No tienen agua, ni alimentación digna, peor atención médica… Nunca han tenido atención prioritaria”, apuntó este Comité.
Para el presidente Noboa, su propuesta esta guiada “por un sentido de justicia e igualdad en la distribución de los recursos y atenciones estatales, que debieron ser siempre prioritarios para toda la ciudadanía”, según el comunicado de la Secretaría de Comunicación.
La propuesta del mandatario se enmarca en la cruzada que lleva desde principios de año contra las bandas del crimen organizado, a las cuales responsabiliza del auge de la violencia en el país desde hace unos cuatro años.
En enero pasado, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas, y declaró una serie de estados de excepción con los que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estos grupos criminales.
Durante este periodo las organizaciones defensoras de los derechos de la población carcelaria han denunciado presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, así como interrupciones en el servicio de alimentación de las prisiones. EFE
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Publish date : 2024-11-08 11:00:00
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