A Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, le están negando la entrada a su propio despacho. El edificio, colindante con el palacio presidencial donde Daniel Noboa ejerce su poder, está cercado por militares y policías. El mismo día, cuando una jueza anuló una resolución ejecutiva que suspendía Abad de sus funciones, el acceso a su oficina fue bloqueado por un contingente de militares y policías que cercaron con vallas metálicas el edificio de la Vicepresidencia.
La jueza Nubia Vera, responsable de la sentencia que devolvió la legalidad a la vicepresidenta, denunció públicamente las amenazas y persecuciones que había sufrido en los días previos a la resolución. Incluso relató cómo Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, se presentó en su despacho con un pendrive que contenía la sentencia, un gesto que la jueza interpretó como una intimidación directa. La magistrada ha denunciado el hecho en la Fiscalía, y enfrenta una acción disciplinaria en su contra por el mismo Consejo de la Judicatura. Ante el temor por su seguridad, Vera solicitó medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se moviliza con chaleco antibalas y escolta armada.
El 5 de enero, con el inicio de la campaña electoral, el Palacio de Carondelet amaneció rodeado de tanques de guerra y militares, con un cerco de vallas metálicas que bloqueaba el acceso a varias cuadras a la redonda. Abad, quien debía subrogar al presidente en su ausencia, describió la escena con claridad: “Mi única misión era asumir la presidencia interina, pero eso no ocurrió”. La vicepresidenta asegura que existía una orden para detenerla, bajo una nueva denuncia por “usurpación de funciones”, un cargo que, según ella, no tiene fundamento. “No voy a enfrentarme a militares con órdenes claras de a qué lado juegan. No voy a ir a Carondelet a sacarlo a la fuerza”, sentenció.
A pesar de ser la vicepresidenta en funciones, Abad no tiene acceso ni a su correo electrónico institucional. Daniel Noboa, mientras tanto, se niega a entregarle el poder para hacer campaña para las elecciones del 9 de febrero. En ese limbo, Ecuador ha tenido tres vicepresidentas en una semana: dos designadas por decreto y una electa por el voto popular. La que legítimamente debería subrogar la presidencia, Abad, no ha tenido la oportunidad de ejercer ese mandato.
Ante las crecientes críticas sobre sus decisiones, Noboa firmó un nuevo decreto en el que -él mismo- se autoriza a ausentarse por tres días bajo el pretexto de “causa mayor”, para continuar con su campaña. En este mismo decreto, delegó el mando a su secretaria, a quien nombró unos días antes como vicepresidenta. Ante esta situación, Verónica Abad ha solicitado a la Corte Constitucional que interprete las implicaciones legales de estos decretos y las nuevas formas de gobernar impuestas por el presidente.
Ante los cuestionamientos legales de las decisiones del mandatario, firmó un nuevo decreto en el que se otorgó -a él mismo- tres días de ausencia por “fuerza mayor”, para hacer campaña, delegando el mando a su secretaria, a quien designó como nueva vicepresidenta. Ante esta situación, Verónica Abad ha solicitado a la Corte Constitucional una interpretación sobre las nuevas formas de gobernar del presidente y las implicaciones legales de los decretos.
Policías en un vehículo patrullan en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Ecuador, el pasado 5 de enero, en Quito.José Jácome (EFE)
Pregunta. Usted ha afirmado que Daniel Noboa y su entorno están llevando a cabo un golpe de Estado. Sin embargo, las instituciones no parecen respaldar sus denuncias. ¿Cómo interpreta la falta de respuesta de los órganos de control en Ecuador?
Respuesta. Por más que las instituciones no reconozcan el rompimiento del orden constitucional, sí hubo una jueza que actuó con independencia y aplicó la justicia: la jueza Nubia Vera. Su fallo frenó un sumario administrativo y me reconoció como vicepresidenta. Sin embargo, cuando ella dictó su sentencia, las Fuerzas Armadas, con la Casa Militar presidencial, cerraron las puertas de mi despacho y no me dejan entrar hasta hoy. Eso es un golpe de Estado. Pero la Corte Constitucional ya admitió a trámite la revisión de los decretos del presidente.
P. Pero las respuestas institucionales han sido ambiguas, ¿cómo lo interpreta?
R. Sí, efectivamente. Y me pregunto, ¿quién pondrá freno a esto? Esto ya dejó de ser un conflicto contra Verónica Abad. Si los ecuatorianos no defendemos la Constitución, si no protegemos nuestros derechos y la justicia electoral, perderemos mucho. El Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral están observando los delitos que se están cometiendo. El presidente está utilizando el aparato del Estado, la infraestructura pública, el balcón de Carondelet, para sus intereses personales, y esas instituciones, que deberían penalizar esos abusos, no hacen nada. No sé qué espera la Corte Constitucional.
P. ¿Cree que el presidente es intocable?
R. Si las instituciones no fueran tan tibias…. También vemos que cuando una institución intenta actuar, es sofocada por la fuerza. Mire lo que pasó con la Asamblea: no aceptó el decreto de licencia por tres días, ni reconoció a la segunda vicepresidenta que nombró por decreto de manera inconstitucional. Y como respuesta, se denunció al secretario de la Asamblea por leer un documento. Este es un régimen autoritario en el que el golpe de Estado ya está consumado. ¿Quién va a detenerlo? Salir de esto nos va a costar muchísimo.
P. ¿Cómo ha logrado el presidente acumular tanto poder en tan poco tiempo?
R. A través de la extorsión, la persecución y el miedo. Es inaceptable que un ministro de Defensa, en lugar de cumplir con una sentencia que lo obliga a pedir disculpas a familias víctimas de asesinatos, termine amenazando a la jueza que emitió esa sentencia. También es inaudito que el presidente del Consejo de la Judicatura, cuyo deber es velar por la justicia, haya amenazado a la jueza Nubia Vera y le haya llevado una sentencia escrita en mi contra. El presidente está judicializando la política porque tiene cooptada la justicia. A mí me ha puesto una nueva denuncia penal por “usurpación del poder”, es algo descabellado. Las instituciones están para limitar el poder, algo que el presidente no ha comprendido.
P. En su llamado a la OEA para activar la Carta Democrática Interamericana, mencionó que la situación en Ecuador podría interpretarse como un acto dictatorial. ¿Cuál ha sido la respuesta internacional hasta el momento?
R. Nos han solicitado los documentos, que ya hemos enviado. Lo que queremos mostrar es que esto no es una pelea entre dos personas, sino una persecución política con el objetivo claro de tomar el poder por la fuerza.
P. ¿Qué espera que haga la comunidad internacional si el presidente ha autorizado el asalto a una embajada y los rechazos internacionales no han tenido efecto?
R. Al menos, lo que necesitamos es que se haga un exhorto firme. Lo que está en juego aquí es la seguridad jurídica, que se ha visto completamente erosionada. ¿Qué inversionista podría pensar en invertir en un país que no respeta ni a su vicepresidenta, ni a su Asamblea, ni a sus jueces? Si no respetan a quienes deberían estar al frente del poder, ¿cómo podrían garantizar la protección de las inversiones? Un ejemplo es Venezuela ¿A quién le gustaría invertir en Venezuela con lo que está pasando? Es exactamente Ecuador.
P. ¿Está Ecuador al borde de convertirse en otro Venezuela?
R. Sí, estamos siendo empujados hacia allí. Estamos viviendo lo mismo que en Venezuela: un presidente autoritario que busca controlar los órganos de control electoral para perpetuarse en el poder. Al perseguir y destruir a la oposición, cree que podrá mantenerse en el poder, lo mismo que ha hecho Nicolás Maduro con María Corina Machado. Los golpistas son justamente los que no ven a la oposición con buenos ojos, sino que deben ser eliminados para subsistir. Hemos retrocedido enormemente en derechos y estamos condenándonos a vivir bajo un régimen autoritario.
P. Usted ha afirmado estar lista para asumir la presidencia, pero ha sido impedida por medios que considera ilegales. ¿Cómo vive personalmente esta frustración?
R. Más que frustración, siento que he cumplido con los ecuatorianos manteniéndome firme en los principios correctos, a pesar de la persecución brutal que sigo enfrentando.
P. ¿Ha considerado renunciar?
R. No, nunca he considerado esa opción y no lo voy a hacer.
P. ¿Cumplirá con el último decreto del presidente que la obliga a viajar a Turquía?
R. Para eso, necesito que me abran la puerta del despacho vicepresidencial. No sé cómo esperan que viaje si no tengo acceso a mi correo electrónico ni a mi oficina para hacer los trámites correspondientes. Además, ya he solicitado a la Corte Constitucional que observe ese decreto, porque lo que está buscando el presidente, por capricho, es simplemente echarme fuera del país como si fuera un niño malcriado. No es porque nos interese algo en Turquía.
P. ¿Quién cree que ganará las próximas elecciones y por qué?
R. Mi mayor deseo es que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano. Pero lo que más temo es que haya fraude electoral.
P. ¿Cree que se está fraguando un fraude electoral?
R. Definitivamente. Ya es un fraude el hecho de que la presidenta del CNE no mire todos los casos con imparcialidad. Se está manipulando la opinión pública y malgastando recursos públicos, y ella no dice nada. Los vientos no soplan con la neutralidad que deberían. La clave de las próximas elecciones serán los observadores internacionales, que deberán estar muy atentos.
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Publish date : 2025-01-14 14:29:00
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