La esperanza económica de Bukele
De la nada, sin venir al cuento, Bukele publicó el mismo 27 de noviembre un mensaje en la red social X en el que dejó entrever su interés por que el país regrese a la industria extractiva, despertando preocupación entre sectores sociales que, tras una larga lucha, habían logrado que la Asamblea Legislativa prohibiese la minería, aquel marzo de 2017.
“Somos el único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. ¡Absurdo!”, escribió el presidente.
Agregó que esa riqueza puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social “sin precedentes” al pueblo salvadoreño.
Ese desarrollo es el que ha prometido materializar en su segundo quinquenio presidencial, iniciado en junio de 2024, tras ganar las elecciones en febrero en medio de ácidas críticas de que la Constitución no le permitía participar en una segunda elección, consecutiva.
Luego, el 1 de diciembre, en un acto público, el mandatario intentó justificar su proyecto extractivista, al señalar que el potencial minero del país alcanza para una riqueza acumulada de tres billones (millones de millones) de dólares, equivalentes a 8800 % del actual PIB salvadoreño.
Solo en oro, detalló, hay en el subsuelo alrededor de 50 millones de onzas de oro, que equivaldrían a unos 132 000 millones de dólares, al valor actual. Pero no solo se trata de oro y plata, dijo.
“Según nuestros estudios iniciales, hemos encontrado metales de la cuarta revolución industrial, como litio, cobalto y níquel, que sirven para hacer las baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable”, afirmó.
También se ha detectado, añadió, vetas de tierras raras, utilizadas para la electrónica avanzada, turbinas eólicas y motores de los vehículos eléctricos, así como platino, paladio e iridio para producir hidrógeno y convertidores catalíticos, entro otros.
Bukele afirmó que impactos ambientales siempre habrá en cualquier proyecto de desarrollo, pero se pueden minimizar. Como su partido Nuevas Ideas controla la Asamblea Legislativa, le resultaría muy fácil dar el paso para revivir la minería en El Salvador.
Una pancarta contra la minería en una iglesia en El Salvador. La movilización social en contra de proyectos mineros ha sido clave para intentar detener las operaciones de esos consorcios y evitar, así, la contaminación del suelo y el agua en las comunidades. Imagen: Edgardo Ayala / IPS
Cuentas alegres
“El presidente está haciendo cuentas alegres de los supuestos beneficios económicos que se obtendrían, pero no hace cuentas de los daños reales que habría en los ecosistemas”, sostuvo el salvadoreño Calles, que ha estado en lucha contra las minas desde hace varios años.
Agregó que cuando se discutía la prohibición de la minería en el país, Bukele ya estaba metido en la política, y ya sabía que había estudios que demostraban que esa industria era inviable en El Salvador por sus impactos negativos en el agua, el suelo y en la salud de las personas.
“No sé de dónde saca que los impactos serán menores, pues lo que sabemos es que las técnicas de extracción de la minería no han cambiado significativamente, y se sigue usando, por ejemplo, el cianuro”, recalcó. Ese es un compuesto químico que, mal usado o filtrado involuntariamente a cuerpos de agua, puede resultar letal.
La experiencia de América Central con la industria extractiva es negativa y de larga data, al igual que en otras regiones del mundo.
En un foro organizado en 2009 San José de Costa Rica por el Tribunal Latinoamericano del Agua, se analizaron las experiencias regionales de la minería a cielo abierto que para entonces había en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Perú, y se escucharon testimonios sobre los efectos adversos en estos países.
Entre esos testimonios estuvieron los de los representantes de la Asociación Hondureña de Organizaciones no Gubernamentales y del Comité Ambiental del Valle de Siria, donde operaba para entonces el proyecto minero San Martín, a cargo de Minerales Entre Mares de Honduras. Fue clausurada en 2008.
En 2022, la organización internacional Oxfam aseguró que el yacimiento dejo tras de sí “una estela de denuncias sobre afección a la salud humana (…), así como señalamientos de contaminación y destrucción de flora, fauna y ecosistemas locales; daño económico, social, y cultural a las comunidades”.
Mientras, a finales de 2023 en Panamá determinó el cierre de la mina de cobre más gran de Centroamérica, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. Sucedió después que la justicia fallara que el contrato de concesión era inconstitucional.
La clausura fue resultado de multitudinarias protestas sociales, ante las denuncias de grave contaminación ambiental y llevó al gobierno a impulsar una ley que determinó una moratoria de la actividad minera en el país por tiempo indeterminado.
En Guatemala, fue gracias a la movilización social que también se ha logrado parar los principales proyectos mineros en esa nación, a partir de resoluciones judiciales.
“Los proyectos más emblemáticos están suspendidos, por la Corte Constitucional, cuyos miembros, aunque corruptos, aceptaron que las empresas nunca cumplieron con dos requisitos fundamentales: la de proveer de información a la comunidad y la de realizar consultas ciudadanas”, explicó a IPS Julio González, del Colectivo Madreselva, desde Ciudad de Guatemala.
González añadió que entre esos se encuentra la mina de níquel propiedad del Grupo Solway Investment, asentada en el municipio de El Estor, y la de El Escobal, de la canadiense Pan American Silver, en las cercanías de San Rafael Las Flores, ambas en el este del país.
También se suma la mina Progreso VII Derivada, conocida como La Puya, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, en el departamento de Guatemala, en el centro-sur del país, así como la de Cerro Blanco, de la canadiense Bluestone Resources, yacimiento localizado en las inmediaciones de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, en el este, muy cerca de la frontera con El Salvador.
González cuestionó la autenticidad de los estudios de impacto ambiental realizados por los consorcios mineros, pues se basan en un área geográfica específica, muy restringida.
“La mentira más grande son esos estudios de impacto ambiental, realizados en las llamadas áreas de influencia, que es el lugar donde está la mina y las tres o cuatro aldeas que están alrededor, pero el agua, que se va a contaminar, va mucho más allá de esa área de influencia”, subrayó.
Sobre la marcha atrás que está mostrando El Salvador, con la posible reactivación de la minería, acoto: “Yo lo que veo es el alineamiento de Bukele con la economía hegemónica, que no la ejerce el gobierno de Estados Unidos sino las corporaciones estadounidenses”.
(*) Este artículo es publicado por acuerdo con la agencia de noticias IPS.
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Publish date : 2024-12-06 15:30:00
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