Un halo de esperanza se ha abierto en El Salvador para establecer la responsabilidad por la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en 1989 en los jardines de la Universidad Centroamericana (UCA). Un juez de San Salvador ha ordenado someter a juicio a 11 acusados de ser los autores intelectuales de aquel crimen perpetuado en plena guerra civil, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani, sobre quien ya se habían presentado denuncias que lo vinculan con la masacre, entre cuyas víctimas está el teólogo español Ignacio Ellacuría. Fuentes judiciales cercanas al caso han afirmado que se trata de “un acto de justicia para las víctimas que durante tantos años han exigido un proceso para que se pudiera esclarecer quienes dieron la orden de matar al padre Ellacuría sin dejar testigos”.
Entre los acusados, además de Cristiani, están los exmilitares Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda y el exdiputado Rodolfo Parker. El camino por hallar justicia para los sacerdotes y las dos mujeres asesinadas ha sido largo y tortuoso. La justicia salvadoreña ha procesado por este crimen al excoronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión, aunque organizaciones de derechos humanos y la UCA señalan a otros culpables.
Una fuente judicial que pidió no ser identificada por ser un caso delicado asegura que “hay abundantes pruebas que permitirán establecer quiénes son los autores intelectuales y se reconocerá que la orden nació y fue dada por el poder militar”, que en esos años tenía una fuerte influencia en El Salvador. Ahora es el turno de la Justicia salvadoreña para avanzar en un caso que es una herida abierta en ese país centroamericano. “Los jesuitas, desde el minuto uno, dijeron que quieren un proceso de justicia y verdad, no solo contra los autores materiales, sino también los intelectuales. Ojalá el juicio sea apegado a la ley, en el que se respeten las garantías tanto de las víctimas como de los procesados para poder alcanzar esa verdad que tanto se ha anhelado”, afirma la fuente.
La justicia española condenó en 2020 a 130 años de cárcel al excoronel Inocente Orlando Montano, quien también fungió como viceministro de Seguridad del país centroamericano. La Fiscalía española lo acusó de participar en el diseño y ejecución del plan para acabar con las víctimas. Los jueces lo consideraron responsable en grado de autor de cinco delitos de asesinato de “carácter terrorista”. Era la primera vez que se condenaba a uno de los señalados de esta matanza. Los testimonios presentados por los fiscales demostraron que Montano tenía un especial rencor contra Ellacuría, entonces rector de la UCA, por sus llamados al diálogo. El militar de extrema derecha veía en esas posiciones un apoyo a la guerrilla insurgente que combatía al Ejército salvadoreño en una guerra civil que dejó más de 70.000 muertos y cuyas heridas siguen abiertas.
Gabriel Solorzano, el abogado defensor de los tres militares que irán a juicio, ha afirmado que “no comparte” la decisión emitida por un togado del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador. Los acusados enfrentan los delitos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento. La abogada española Almudena Bernabeu ha reunido durante años testimonios y documentos que vinculan a Cristiani (presidente entre 1989 y 1994) con el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas —cinco de ellos españoles— y sus empleadas. La abogada, a quien se la conoce como “cazatorturadores”, ha logrado ganar juicios civiles contra varios esbirros salvadoreños, entre ellos dos exministros que residían en Miami, los exgenerales Guillermo García y Eugenio Vides Casanova.
“Su implicación no pasa del hecho de que él [Cristiani] haya participado, sino de lo que sabía del caso y cuándo lo supo. El presidente Cristiani estaba al tanto de las decisiones de los militares en aquel momento. Él siempre ha alegado que nunca supo nada, hasta después de ocurrido el crimen, y que conoce de la implicación de militares de Alto Mando en el hecho. Pero, según la documentación y archivos desclasificados de la CIA, el FBI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, así como los testimonios de dos exmilitares salvadoreños, no fue así. Cuando la decisión fue concebida y se tenía claro cómo se ejecutaría, se le comunicó al momento a Cristiani. La primera llamada que el general [René Emilio] Ponce —ya fallecido y acusado como principal autor intelectual—, la madrugada del 16 de noviembre de 1989 y una vez ejecutada la orden, es a Cristiani”, explicó Bernabeu en una entrevista concedida a este periódico en 2014.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de soldados de élite del temido batallón Atlacatl, cuyos integrantes eran formados en la tristemente célebre Escuela de las Américas, irrumpió en el campus de la UCA y mató a tiros a los seis sacerdotes jesuitas: los españolesEllacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López. Esa noche también asesinaron a la esposa e hija del encargado de seguridad de la universidad, Elba y Celina Ramos. Al batallón Atlacatl también se le señala de participar en la matanza de El Mozote, considerada por organizaciones de derechos humanos como la peor masacre militar en América.
La UCA ha organizado para el jueves una misa en memoria de quienes considera sus mártires, bajo el lema “sembramos esperanza para cosechar libertad”, cuando se cumplen 35 años de aquel hecho que marcó a Centroamérica y tuvo repercusión mundial. La universidad ha recordado en un editorial publicado el lunes que “Ellacuría y sus compañeros luchaban en favor del diálogo y la negociación entre las partes en guerra, trabajaban por la reconciliación del pueblo salvadoreño en la verdad y la justicia”. Los jesuitas afirman que las víctimas “sacrificaron su vida en ese esfuerzo, porque había personas y sectores que preferían la victoria militar, no querían ninguna salida pacífica y humana del conflicto”.
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Publish date : 2024-11-19 11:00:00
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