El Congreso de El Salvador aprobó este jueves una nueva extensión del régimen de excepción en el país, vigente desde el 27 de marzo de 2022, un día después de que se registrara un récord de 62 asesinatos en 24 horas. Esta prórroga, la número 29 desde entonces, avala a la aplicación de la medida hasta el próximo 7 de septiembre.
La iniciativa contó con el respaldo de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral, controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI). “En lo que va de 2024 se reportaron 160 días sin homicidios. Es un hecho que El Salvador ha cambiado para bien, los datos lo demuestran. El régimen de excepción es una pieza clave en la lucha contra la criminalidad. Seguiremos aprobándolo cuantas veces se requiera”, sostuvo la legisladora de NI Dania González.
Sin embargo, una colega del conservador VAMOS votó en contra de la medida y dos diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de derecha, se abstuvieron. Según Marcela Villatoro, de este último partido, la decisión se basó en que “llevamos dos años y cinco meses y ya es momento de crear una ley especial para garantizar la seguridad, la vida y los derechos humanos de las familias salvadoreñas”.
Desde la oposición consideran que es momento de cesar las prórrogas y dar lugar a una legislación que contemple la seguridad ciudadana (AP/ARCHIVO)
El régimen de excepción fue una de las principales medidas emprendidas por el Ejecutivo de Nayib Bukele hace poco más de dos años, cuando comenzó su lucha contra las pandillas que, entonces, controlaban el país e infundían terror en la población. Su compromiso fue tal que, inclusive, la iniciativa se volvió su principal lema de gestión y de su posterior campaña electoral para un segundo mandato, el cual consiguió.
Parte de su plan consistió en, además de mantener el régimen de excepción, crear el Centro del Confinamiento del Terrorismo –una de las más modernas cárceles de máxima seguridad en América Latina- y reformar el Código Penal para que la pertenencia a las pandillas sea considerado un delito, con penas de entre 20 y 40 años de cárcel, y 60 años en el caso de los cabecillas.
Desde entonces, las Fuerzas de Seguridad han logrado capturar a decenas de miles de presuntos pandilleros, aunque la mayoría de ellos permanecen en prisión sin una sentencia judicial o han sido excarcelados por falta de pruebas. Sin embargo, el Gobierno explicó que sigue siendo importante mantener el régimen ya que el país aún no se ha “sanado” del todo y existen “remanentes” de estos grupos criminales que “continúan produciendo actividad delictiva, constituyendo el enemigo y más grande amenaza que el Estado debe enfrentar”.
Bukele explicó que el país no se ha “sanado” de las bandas criminales y existen “remanentes” de estos grupos que “continúan produciendo actividad delictiva, constituyendo el enemigo y más grande amenaza que el Estado debe enfrentar” (EFE)
La lucha de Bukele llevó a varias ONG a denunciar abusos por parte de las autoridades, que suelen detener injustificadamente a los sospechosos y los tienen recluidos en penales bajo condiciones inadecuadas. Según Socorro Jurídico, al menos 6.426 personas han sido arrestadas en “redadas indiscriminadas” y 1.000 de ellas han sido condenadas, la mayoría sin más pruebas que un confuso reporte policial.
Asimismo, Human Rights Watch señaló que “las autoridades los sometieron a malos tratos durante la detención que, en ciertos casos, constituyeron actos de tortura” y sumó que “estas condenas se basaron con frecuencia en testimonios policiales no corroborados y, a veces, contradictorios. En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos, malos tratos o tortura”.
(Con información de AP y EFE)
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Publish date : 2024-08-08 13:00:00
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