El juez penal Fredy Orellana emitió este jueves una resolución en la que ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación del partido Movimiento Semilla, organización que llevó al poder al presidente Bernardo Arévalo de León en las elecciones de 2023 en Guatemala.
Esta decisión fue rápidamente rechazada por los miembros de Movimiento Semilla, quienes calificaron de “ilegal” el actuar del magistrado.
El juez Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, instruyó al TSE proceder con la cancelación del partido guatemalteco, acción vinculada a un proceso penal iniciado por el Ministerio Público (Fiscalía) en 2023, que investiga presuntas irregularidades en la formación del partido.
El juez guatemalteco Fredy Orellana (EFE/Esteban Biba/Archivo)
Según Rafael Curruchiche, fiscal encargado del caso contra el partido Movimiento Semilla, la solicitud del juez se sustenta en los testimonios de Ligia Hernández, ex diputada y actual funcionaria del gobierno de Bernardo Arévalo.
Hernández, quien pasó 90 días en prisión preventiva, decidió aceptar cargos en relación con este caso y su testimonio ha sido clave en la solicitud del juez Ornella.
La orden judicial para la cancelación del partido fue emitida apenas dos días después de que la bancada oficialista lograra una reforma en el Congreso a la ley de delincuencia organizada, con el objetivo explícito de evitar la disolución del Movimiento Semilla.
Ligia Hernández, quien fue arrestada por el Ministerio Público, en la Ciudad de Guatemala, Guatemala (EFE/ David Toro)
Tras conocer la resolución del juez Fredy Orellana, el diputado oficialista Samuel Pérez manifestó a periodistas locales que “un juez no puede suspender ni cancelar a ningún partido político”.
“Con la reforma que aprobamos tenemos los instrumentos suficientes para recuperar el partido y los derechos como bancada, ahora el que va tener que responder por sus actos ilegales es el juez Orellana”, añadió Pérez.
Desde que el Movimiento Semilla y su candidato, Bernardo Arévalo de León, lograron una victoria sorpresiva en las elecciones presidenciales de 2023, han sido objeto de una persecución judicial por parte de la Fiscalía.
La cúpula de la Fiscalía, encabezada por Consuelo Porras, y el juez Fredy Orellana se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea debido a sus acciones, que han sido calificadas como “antidemocráticas” en el contexto de la victoria electoral de Bernardo Arévalo de León en 2023.
La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras (EFE/ Edwin Bercián)
Las sanciones internacionales se fundamentan en acusaciones de corrupción y en el uso del aparato judicial y fiscal como herramienta para socavar los procesos democráticos en Guatemala.
Entretanto, un diputado del Movimiento Semilla, interpuso este jueves un recurso de amparo ante la Corte Constitucional, después de que el juez Fredy Orellana suspendió la personalidad jurídica de la formación.
“Acabamos de presentar acción de amparo ante la Corte Constitucional para que ni el Congreso ni el Registro del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se vean obligados a obedecer una resolución ilegal, ridícula e improcedente de Freddy Orellana”, informó el parlamentario Samuel Pérez en su cuenta de la red social X.
El documento solicita al órgano constitucional que “se deje sin efectos cualquier actuación o resolución que se emita con el fin de cancelar de forma definitiva la personalidad juridica del partido” y “se le ordene a las autoridades impugnadas que se abstengan de ejecutar actos que tiendan a” proceder en línea con lo anterior.
(Con información de EFE y Europa Press)
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Publish date : 2024-11-28 11:00:00
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