el cultivo descontrolado de palma es un problema, ahora toca cumplir con la ley contra la deforestación de la UE

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El aceite de palma es un aceite de origen vegetal que se obtiene de la pulpa o mesocarpio de la fruta de dos epecies de palma cuyo nombre científico es Elaeis guineensis y Elaeis oleifera. Es el segundo tipo de aceite con mayor volumen de producción, luego del de soja.

El aceite de palma es una materia prima muy versátil cuyo empleo se ha disparado en los últimos años. Por esa causa su cultivo y producción están íntimamente relacionados con la deforestación de enormes extenciones y a gran escala en muchísimos lugares del mundo.

Para 2030, se estima que Guatemala se convertirá en el tercer mayor productor de aceite de palma del mundo, solo detrás de Indonesia y Malasia, según un estudio realizado en 2023 por la Universidad de Michigan. La expansión de este monocultivo en el país centroamericano se ha dado en medio de señalamientos de deforestación, contaminación del agua y otras afectaciones ambientales.

La entrada en vigencia de una ley aprobada por la Unión Europea (UE) podría reducir los daños que causa el monocultivo en los bosques guatemaltecos. La normativa prohíbe la importación y comercialización de aceite de palma, cacao, café, ganado, soja y madera que hayan causado degradación de los bosques.

De esos productos, el más exportado por Guatemala es el aceite de palma. Representa el 49 % de las exportaciones del país, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía. Pese a eso, las autoridades ambientales aún no han establecido medidas concretas para el cumplimiento de la ley europea.

El estudio de la Universidad de Michigan determinó que entre 2009 y 2019, los cultivos de palma de aceite provocaron que unas 24 609 hectáreas de bosque desaparecieran en Petén, Izabal y Alta Verapaz. Los tres departamentos, ubicados en el norte de Guatemala, contribuyen con el 75 % de la producción nacional. La palma de aceite, según este estudio, también ha provocado la deforestación de 5 202 hectáreas de Áreas Protegidas en Guatemala, que son vitales por su importancia natural e histórica.

Estos números contrastan con los datos de la Gremial de Palmicultores (Grepalma), conformada por los mayores productores de Guatemala. La organización afirma en un estudio propio publicado en 2023 que, entre 1989 y 2020, sólo 16 479 hectáreas de cultivos de palma de aceite han estado asociados con deforestación. Es decir, 33 % menos que las cifras expuestas en la investigación de la Universidad de Michigan.

La ‘prosperidad’ tras la palma En 2023, Guatemala aumentó su producción de aceite de palma. Según datos de Grepalma, ese año se produjeron 920 000 toneladas de aceite, 10 000 más que en 2022. A nivel mundial, el país fue el sexto mayor productor.

Por lo menos desde 2018, el incremento en la producción de aceite de palma no ha dejado de crecer y el estudio de la Universidad de Michigan prevé que en 2030 Guatemala se convertirá en el tercer mayor productor de aceite de palma en el mundo.

Cifras del Ministerio de Economía muestran que en 2023 Guatemala exportó aceite de palma valorado en US$ 693 millones hacia la UE, el principal mercado de exportación del aceite de palma del país. Más del 70 % de la producción total se envía a Países Bajos, España, Italia y Alemania, según un informe de Grepalma.

La UE ahora busca mayor regulación sobre esta y otras materias primas y en abril de 2023 aprobó una ley que prohíbe la importación y comercialización de productos que hayan causado pérdida de bosques para su cultivo o producción después del 31 de diciembre de 2020.

El reglamento debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024, pero después de la presión de varios países, la fecha se pospuso. Entre los países que enviaron una carta para postergar la ley están Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú. Ahora, la entrada en vigencia será el 30 de diciembre de 2025 para los grandes productores y el 30 de junio de 2026 para los pequeños.

La ley obliga a que las empresas certifiquen que sus materias primas provienen de un lugar con cero deforestación e incluya otra información detallada, como la geolocalización de los terrenos donde se produjeron. “Si es a partir de 2020 que se empezará a analizar la pérdida de bosques, pues no habrá mucho que hacer”, dice Raúl Maas, investigador del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar.

Maas explica que el “boom” de la industria palmera en Guatemala empezó en la década de los 90 y en los últimos años la expansión del monocultivo en áreas boscosas se ha reducido. Algo que, afirma, ha pasado en buena medida por el papel que ha jugado la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), que ha obligado a cumplir con algunos estándares ambientales.

Aun así, es un hecho que buena parte de la producción de aceite de palma ha deteriorado los bosques en el país. El IARNA, la institución para la que trabaja, elaboró un estudio en 2022 que determinó que entre 2010 y 2020 se plantaron 15 187 hectáreas de palma de aceite en suelo que previamente era bosque y otras 7 208 en suelo donde había vegetación arbustiva natural.

“La certificadoras y las disposiciones externas como esta ley de la Unión Europea contribuyen y generan impacto en los modos de producción de estos cultivos de exportación, pues si no estaríamos hablando de dinámicas parecidas a la producción de caña de los tiempos de 1900 o 1950, con condiciones bastante precarias para los trabajadores y el tema ambiental”, dice Maas.

El investigador agrega que otro reto para cumplir esta ley es la falta de recursos, tanto de personal y de infraestructura, que tiene el Estado de Guatemala para la protección de sus recursos naturales, algo que ha sido confirmado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Aun así, Grepalma asegura que para cumplir con esta nueva normativa cuentan con un sistema de monitoreo satelital que verifica “el compromiso voluntario de cero deforestaciones” que asumieron sus asociados desde 2019. La gremial afirma que este monitoreo no ha reportado ninguna hectárea deforestada desde octubre de 2020 en las fincas de sus integrantes.

“Estamos a disposición para adaptarnos a nuevas políticas nacionales e internacionales que contribuyan a fortalecer esfuerzos por la conservación de los bosques y recursos naturales”, asegura Grepalma en un documento enviado a Mongabay Latam.

No hay acciones concretas Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, afirma que hasta ahora el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales no cuenta con “una acción concreta” ante la entrada en vigencia de la ley de deforestación cero de la UE, pero que actualmente trabaja en el desarrollo de una estrategia que busca reducir la deforestación y la recuperación de bosques en el país. Con esta política, asegura, se contribuirá indirectamente con el cumplimiento de la nueva regulación europea.

“Esta ley favorecerá la conservación de los bosques en el país y por esa razón, aunque las acciones del Ministerio no están diseñadas directamente para la normativa, sí van a ayudar a que Guatemala pueda tener mejor capacidad para cumplirla”, dice el viceministro. Según Castellanos, un aspecto clave en la estrategia es el trabajo que ha realizado el Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra, conformado por instituciones públicas como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y universidades guatemaltecas.

“Este grupo de monitoreo ha estado generando mapas de cobertura forestal desde 2000, que podrían utilizarse para determinar si la iniciativa privada está cumpliendo con esta normativa europea”, dice el viceministro.En julio de 2024, Edwin Castellanos asumió como viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático. Foto: Ministerio de Ambiente Guatemala

Este grupo elabora los mapas cada dos años. Los últimos son los de 2020 y 2022 y están dentro del periodo establecido por el reglamento europeo, que establece la prohibición de productos que hayan causado deforestación a partir del 31 de diciembre de 2020.

El viceministro agrega que a partir de 2025 se buscará que estos mapas se elaboren anualmente, algo a lo que también podría contribuir esta ley de la UE. “El Gobierno está comprometido con el tema ambiental, ya hemos perdido la mitad de la cobertura forestal en los últimos 50 años. Sabemos que el crecimiento económico es importante, pero no a expensas de seguir degradando nuestros recursos y de seguir perdiendo estos recursos forestales”, dice Castellanos.

Reuniones de las partes El viceministro de Ambiente afirma que hasta el momento la entidad no ha tenido reuniones con las industrias que serán afectadas por esta ley. Quienes sí se han reunido con ellas son los funcionarios del Ministerio de Economía. Héctor Marroquín Mora, viceministro de Integración y Comercio Exterior, afirma que ya se han sostenido algunos encuentros con la Grepalma, que reúne a las productoras más grandes de palma aceitera, y representantes de otras industrias que serán afectadas por este nuevo reglamento de la UE. En estos encuentros se han discutido los alcances que tendrá la normativa.

Marroquín explica que también han buscado acercamientos con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) para conocer y debatir las posturas de la región. “Estas reuniones buscan coordinar esfuerzos para fortalecer las prácticas sostenibles y prepararse para los requerimientos de la Unión Europea”, dice el viceministro de Economía.

Sobre las reuniones con el Ministerio de Economía, Grepalma se limita a decir en una respuesta escrita enviada a Mongabay Latam que mantiene “un diálogo abierto y trabajo en conjunto con gobiernos, comunidades, organizaciones de sociedad civil, entre otros”. El viceministro de Ambiente, Edwin Castellanos, afirma que históricamente los gobiernos han destinado poco presupuesto para las instituciones ambientales de Guatemala, algo que impide que haya más personal y equipo para la protección de los bosques. “Incluso tenemos pocos guarda recursos (guardaparques) en todo el país”, dice.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la institución donde trabaja la mayoría de guardabosques y que en algunas ocasiones ha presentado denuncias contra la industria palmera, tiene un presupuesto bajo. Mientras que Costa Rica en 2022 asignó fondos equivalentes a US$ 58 millones para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Guatemala aprobó ese mismo año para su símil un presupuesto de US$ 15 millones. Es decir, cuatro veces menos.

Pero más allá de los presupuestos para las instituciones ambientales, Raúl Maas afirma que en Guatemala existe un “mecanismo perverso” que ha permitido la deforestación de bosques para el cultivo de palma sin mayores complicaciones.

Según dice, las empresas en Guatemala pagan a otras para hacer los estudios de impacto ambiental, lo que supone un conflicto de interés, pues estos están encaminados a destacar los supuestos aspectos positivos de los proyectos para facilitar su aprobación. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales los avala y permite el cambio de suelo con pocas trabas. “Esa ha sido la tendencia”, dice Maas.

El investigador también afirma que, aunado a eso, como parte de los estudios de impacto ambiental, el Ministerio de Ambiente aprueba medidas preventivas y correctoras que comúnmente no son cumplidas por las empresas y a las que no se les da seguimiento debido a la falta de personal en la entidad.

Pese a que la lógica ha sido aprobar fácilmente los estudios de impacto ambiental, Maas dice que en el Gobierno, que próximamente cumplirá su primer año, se han empezado a dar esfuerzos para cambiar la lógica en que estos estudios se han avalado.

Un ejemplo de esto ocurrió en abril de 2024, cuando el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales decidió cancelar el permiso ambiental que le había otorgado a una mina a cielo abierto en el gobierno anterior. Incluso decidió denunciar a las autoridades anteriores porque durante el proceso se usaron documentos falsos y se siguió un mecanismo incorrecto para facilitar la licencia.

El investigador señala que la situación en Guatemala es compleja, pues aunque del lado del Gobierno hay interés para mejorar la regulación ambiental, el sistema judicial del país ha sido señalado de permanecer cooptado por actores corruptos y de desestimar los casos ambientales que se denuncian, incluidas las presentadas contra la industria palmera.

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