La decisión de la justicia guatemalteca de permitir al periodista José Rubén Zamora (Guatemala, 68 años) su salida de prisión, donde ha pasado más de 800 días, para cumplir en su casa una orden de arresto domiciliario, tiene un sabor agridulce para sus familiares y sus abogados. Es un arma de doble filo. “Hemos logrado algo de justicia, pero este proceso no ha acabado”, explica en Londres el hijo del editor, José Carlos Zamora, que reclama al Gobierno guatemalteco la consecución de un acuerdo amistoso que ponga fin a un proceso judicial que podría prolongarse aún durante años. Frente al alivio de volver a tener a su padre en casa, aunque sea privado de libertad, existe el riesgo de que la atención internacional se desvanezca ante el espejismo de solución de un caso que está muy lejos de haber concluido satisfactoriamente.
La familia del periodista se ha aliado con la organización Reporteros Sin Fronteras y el prestigioso bufete londinense Doughty Street Chambers, especializado en Derecho Internacional Humanitario, para mantener viva la presión sobre el Gobierno de Guatemala.
El nuevo presidente del país, Bernardo Arévalo, que tomó posesión el pasado enero, se ha comprometido a hacer lo posible por solucionar la injusticia que sufre Zamora. El periodista fue encarcelado el 29 de julio de 2022, después de la persecución por parte del equipo del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y por la todavía fiscal general, Consuelo Porras, a la que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido en su lista de personajes públicos corruptos y antidemocráticos.
El diario elPeriódico, con Zamora al frente, tuvo un papel fundamental en la lucha por la mejora de la democracia y las libertades en Guatemala, con numerosos reportajes de investigación en los que destapó escándalos de corrupción de varios gobiernos. En mayo de 2023, el periódico no resistió más las presiones de las autoridades y cerró sus puertas. Acabaron en la calle 200 profesionales.
“Cuando alguien sufre una persecución como la que está sufriendo José Rubén Zamora, el impacto sobre la libertad de información se extiende por todas partes, no solo en Guatemala”, ha denunciado Rebecca Vincent, la directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras, que ha acompañado en Londres al hijo del editor.
La Fiscalía de Guatemala acusó a Zamora de blanqueamiento, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias. Una construcción procesal, que el propio presidente Arévalo junto a varios organismos internacionales ha calificado de “espuria”, realizada por la Fiscalía a partir de la venta de un cuadro del artista y amigo personal Elmar Rojas, que el periodista realizó para seguir financiando el periódico. Por 38.000 dólares (35.000 euros al cambio actual).
“El caso de Zamora refleja una tendencia actual por la que se usa la ley para sugerir que un periodista no es de fiar. Intentan sugerir que se trata de una persona corrupta, o defraudadora. Han intentado acusar a José Rubén de algún tipo de corrupción o de fraude, lo cual es absolutamente falso. Es una táctica que busca provocar cierto malestar en gobiernos u organizaciones humanitarias, incómodas ante la posible existencia de delitos fiscales o de corrupción, y lograr así que miren hacia otro lado”, explica a EL PAÍS Caoilfhionn Gallagher, la abogada de Doughty Street Chambers que lidera la asesoría jurídica internacional de José Rubén Zamora.
Un posible acuerdo amistoso
El hijo del periodista no quiere arrojar del todo la toalla frente a la justicia guatemalteca, pero sospecha que todavía está en manos de una “célula criminal” que protege a los corruptos y se protege a sí misma, y que va a seguir maniobrando para retrasar el proceso judicial de Zamora. Sabe que el presidente Arévalo está a disgusto con la situación, pero cree que su empeño por no interferir en la justicia y mantener la apariencia de un Estado de derecho en Guatemala acaba suponiendo un freno en la posible solución del caso.
“Creo que el presidente Arévalo es genuinamente decente. Creo que está intentando hacer lo correcto y hacerlo conforme a la ley. Donde podría hacer más es a la hora de terminar con la célula criminal, que está enquistada en el ministerio público y en un grupo de jueces”, dice el hijo. “Mientras se trate a esa gente como poder judicial, el país tendrá las manos atadas e incluso habrá más persecución política”.
José Carlos Zamora busca un acuerdo amistoso con el presidente Arévalo que ponga fin al calvario y la telaraña judicial que mantiene atrapado a su padre. “Hemos documentado durante años el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y va a ir a la Corte Interamericana. Sería una demanda contra el Estado de Guatemala, que llevaría responsabilidades para todos los implicados, así como una posible indemnización. Seguro que el Estado no desea llegar hasta el final, que podría tener un resultado terrible. Por eso existe la posibilidad de un acuerdo antes de que termine el proceso”, señala el hijo del editor arrestado.
El 28 de agosto, seis expertos independientes de Naciones Unidas emitieron una declaración urgente, dirigida al Gobierno guatemalteco, en la que exigieron una respuesta urgente ante las supuestas condiciones inhumanas de arresto de Zamora. Pusieron además sobre la mesa su seria preocupación ante el hecho de que hubiera sido sometido a torturas, y dejaron claras sus sospechas de que el procesamiento del periodista estaba vinculado a sus trabajos de investigación. “Tácticas así provocan un efecto atemorizante en los periodistas del país”, concluían.
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Publish date : 2024-10-21 10:47:00
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