El Estado de Guatemala dejó de perseguir el crimen de cuello blanco durante años, los mismos en que el expresidente Alejandro Giammattei, señalado por corrupción, estuvo en el poder. La sequía terminó el 19 de agosto pasado, cuando las actuales autoridades dieron a conocer un esquema criminal formado por 410 empresas montadas para obtener contratos gubernamentales y, de paso, quedarse con parte de los impuestos que debían de pagar al fisco.
Fue el mismo Bernardo Arévalo, el presidente que asumió en enero pasado tras un estira y encoge político fraguado en parte por socios de Giammattei que pretendieron entorpecer la transición, quien dio una conferencia de prensa para anunciar el descubrimiento de la red evasora.
La estatal Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), gestora de la política y recaudación fiscal en Guatemala, ha sido la encargada de la investigación, la cual el Ministerio Público local, controlado por los adversarios políticos de Arévalo, había ignorado.
Antes de que el presidente Arévalo compareciera ante los medios para explicar el descubrimiento, Marco Livio Díaz, el superintendente SAT, había dado todos los detalles. Al caso, dijo, lo habían bautizado B410: los números por la cantidad de empresas implicadas y la letra en alusión a la colonia Banvi II en la capital guatemalteca, donde tenían sede administrativa más de la mitad de las compañías implicadas.
Al menos cuatro de esas empresas fueron financistas de la campaña presidencial de Giammattei en 2019 según una investigación que realizó en su momento la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) antes de que el exmandatario nombrara como jefa de fiscales a Consuelo Porras, su aliada política y quien lo ha protegido de varias investigaciones por corrupción. Las compañías relacionadas al exmandatario son Supervisión, Construcción y Mantenimiento S. A., Constructora J.J.R.M., S.A., Proyectos Múltiples Prourba y Coamco, confirmó a Infobae un exoperador de justicia guatemalteco que conoció estas pesquisas previas.
Lo que los investigadores de la SAT descubrieron fue una red con rasgos típicos de los grandes conglomerados dedicados a la evasión y al lavado de dinero. Durante el curso de las pesquisas, alertados en principio por incongruencias contables, los agentes diseñaron un plan para visitar las sedes físicas de las empresas; encontraron que 239 reportaban el mismo domicilio: una oficina en la 33 Calle C 10-16 zona 7 de la colonia Banvi II en la Ciudad de Guatemala. No es un sector de la ciudad conocido por sus edificios de oficinas o por ser un distrito financiero; en los mapas de la policía guatemalteca es, más bien, un área de riesgo. Los agentes de SAT, explicaron las autoridades, no encontraron ahí las oficinas descritas en los papeles de las compañías.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo De León, denunció un caso de evasión fiscal que podría involucrar a su antecesor. EFE/ Mariano Macz
Hay, en este caso, otro rasgo que suele ser distintivo en las redes de corrupción y evasión masiva: la repetición del mismo nombre en juntas directivas, actas notariales, registros de fundación. Cuando hizo públicos los expedientes, la SAT habló de un notario cuyas credenciales se repetían en los papeles del 75% de las compañías sospechosas; su nombre es David Francisco Barrera Maldonado.
Las auditorías fiscales y contables empezaban a reflejar, mientras tanto, la evasión. Cuando la SAT y Arévalo presentaron los resultados preliminares de la investigación, la superintendencia había determinado, según un análisis hecho por el portal Plaza Pública, que las empresas solo habían pagado 0.004% de los impuestos adeudados al fisco por cada millar de quetzales ingresados. Al final, de acuerdo con la SAT, lo evadido es de uso USD 300 millones, pero las auditorías continúan y la cantidad, aseguran los investigadores, podría subir a las USD 800 millones.
Solo con la evasión descubierta hasta ahora, la cantidad ya es muy superior al que era uno de los casos de fraude fiscal, lavado de dinero y corrupción más importantes en la historia de Guatemala, el caso conocido como La Línea, un esquema criminal que involucró a Otto Pérez Molina, el presidente que gobernó el país entre 2012 y 2015, quien se vio obligado a renunciar y luego fue encarcelado. En la actualidad Pérez Molina está libre gracias a acciones del MP de Porras.
No fue hasta que la SAT y el presidente Bernardo Arévalo hicieron pública la red de evasión que el Ministerio Público de Consuelo Porras dijo, a través de un vocero, que su oficina se haría cargo del expediente. A la fecha, sin embargo, y a pesar de que la investigación de la SAT detalla nombres y montos, no ha habido ningún arresto.
En un comunicado difundido a través de la estatal Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), el gobierno de Arévalo hizo responsable al MP de lo que sigue: “A pesar de la gravedad del caso, hasta el momento no hay capturas. Esto se debe a que la SAT no tiene la autoridad para detener a personas implicadas en los hechos que denuncia. Su función principal es identificar posibles irregularidades y presentar las pruebas a las entidades a encargo de llevar a cabo las investigaciones judiciales.”
Y fue hasta el 21 de agosto pasado, dos días después de que la SAT anunció los resultados de su investigación, que los principales voceros del MP de Porras se refirieron al tema en una conferencia de prensa. No era, aquel encuentro con periodistas, para hablar de la evasión fiscal masiva, sino para anunciar un nuevo caso que los fiscales de Porras habían abierto contra el presidente Bernardo Arévalo, a quien han perseguido con fines políticos desde antes de que él asumiera la presidencia del país; según sanciones y comunicados emitidos por diversos funcionarios estadounidenses, el MP fue uno de los principales obstáculos en la pasada transición presidencial en Guatemala y sigue siendo piedra de tropiezo en la sana convivencia democrática del país centroamericano.
Los fiscales de Porras no llegaron a hablar del caso B410, pero una periodista guatemalteca los obligo con una de sus preguntas. ¿Estaba el MP, inquirió la reportera Jovanna García Contreras, investigando posibles vínculos del expresidente Giammattei y Miguel Martínez, íntimo del exmandatario y acaso el hombre más poderoso durante su gobierno?
Rafael Curruchiche, subalterno de Porras y uno de los fiscales más poderosos del país, no supo que contestar; dijo, al final, que era otra unidad fiscal, y no la que él dirige, la encargada del caso. Curruchiche y Porras han sido designados por Estados Unidos como funcionarios corruptos y antidemocráticos.
No es solo que haya, en la lista de las empresas evasoras, cuatro que fueron financistas directas de Giammattei, es que el historial de contratos de algunas de esas compañías revela que están vinculadas directamente con Miguel Martínez, el socio del expresidente. Un reporte del periódico La Hora da cuenta de que Asfaltos y Petróleos de Guatemala, una de las empresas implicadas en el fraude fiscal, tuvo relaciones políticas y empresariales con Martínez. Dos de los socios de la compañía, Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva, fueron incluidos en una lista de funcionarios corruptos que elabora el Departamento de Estados Unidos -conocida como Lista Engel– precisamente por su relación con Martínez, según confirmó Infobae con un oficial estadounidense en Washington, DC.
No es, esta, la primera vez que el MP de Consuelo Porras hace poco por encartar a Giammattei o por cuidarlo de investigaciones en las que el exmandatario aparece involucrado. Desde que la reeligió como titular del MP en mayo de 2022, la relación entre ambos funcionarios fue productiva: el entonces presidente la defendió de los señalamientos por obstruir justicia que llegaban a la fiscal general desde el extranjero, sobre todo de Estados Unidos y la Unión Europea, y ella lo protegió a él de investigaciones que lo vinculaban con recibir sobornos de mineros rusos y kazajos y de obtener coimas de un exfuncionario relacionado con empresas constructoras, entre otras investigaciones.
Porras, de hecho, diseñó buena parte de su segundo periodo como fiscal general para proteger al entonces presidente. Se deshizo de los fiscales que habían abierto investigaciones al Giammattei y en su lugar puso a subalternos como Curruchiche, quien al ser nombrado jefe de la unidad especial contra la impunidad del MP una de las primeras cosas que hizo fue preguntar por las investigaciones al expresidente para archivarlas y enterrarlas, según reveló Infobae.
En este caso de evasión masiva, el B410, las huellas de Giammattei y de Miguel Martínez, su consejero y gestor, aparecen en al menos cuatro empresas que financiaron la campaña del expresidente. El fiscal Curruchiche conoce expedientes de este tipo: en 2018, cuando era jefe de la fiscalía electoral, investigó a Jimmy Morales, el antecesor de Giammattei en la presidencia, por posible financiamiento electoral ilícito. Aquel expediente también quedó enterrado.
El caso B410 ha vuelto a recordar en Guatemala los años en que el MP, entonces dirigido por la fiscal general Thelma Aldana, y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), una especie de fiscalía supranacional auspiciada por Naciones Unidas que apoyó la investigación de crímenes complejos durante una década desde que llegó al país en 2007, presentaban casos como este de evasión masiva a ritmo de casi uno por mes.
La parrilla del MP y la CICIG incluyó casos contra algunos de los narcos más importantes del país, contra militares acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad, contra tres expresidentes acusados de corrupción, funcionarios encartados por ejecuciones extrajudiciales y contra decenas de empresarios sospechosos de defraudar al fisco.
Uno de aquellos casos investigados por CICIG y el MP fue el un narcotraficante mexicano llamado Ramón Antonio Yánez Ochoa, quien fue capturado en la Ciudad de Guatemala en 2012 durante una investigación que reveló nexos con guatemaltecos vinculados a una red de tráfico de metanfetaminas en Centroamérica. Aquella investigación incluyó, en su momento, a un hombre llamado Ricardo Méndez Ruiz, un operador de ultraderecha que es presidente de la Fundación contra el Terrorismo, una organización paralegal que tiene hoy estrechas relaciones con el MP de Consuelo Porras y suele encabezar denuncias que luego fiscales como Curruchiche han retomado para montar casos políticos.
Un exinvestigador guatemalteco que conoció casos como el de la red de metanfetaminas aseguró a Infobae que los esquemas de evasión basados en centenares de empresas de cartón han sido lugar común en Guatemala, y que han servido en el pasado para crear infraestructuras criminales como la B410 o como la que los narcos usaron para lavar dinero y mover metanfetaminas en el pasado. Había pasado un buen rato desde que un caso como estos reventaba en Guatemala. Hasta ahora.
Al actual presidente, Bernardo Arévalo, Curruchiche, Méndez Ruiz y los suyos le han armado al menos tres denuncias penales y han hecho solicitudes para el retiro de la inmunidad que confiere el cargo. La mayoría de estos casos ha seguido un curso común: los abogados de Méndez o acólitos interponen una denuncia basada en testimonios confusos que el MP retoma de inmediato para anunciar investigaciones propias.
En el caso B410, en el que la investigación de meses hecha por la SAT ya refleja indicios de evasión masiva e incluso de posible comportamiento criminal de un expresidente, el Ministerio Público de Guatemala apenas ha movido ficha.
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Publish date : 2024-08-24 21:09:00
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