La Corte Suprema de Honduras ha decidido este martes confirmar la sentencia contra siete de las personas condenadas por el asesinato en marzo de 2016 de la activista Berta Cáceres y el intento de asesinato de uno de sus compañeros, Gustavo Castro. La condena ha sido ratificada contra David Castillo, señalado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato; los exmilitares Henry Hernández y Douglas Bustillo, el mayor del Ejército de Honduras Mariano Díaz y otros tres involucrados en el hecho que estremeció al país centroamericano. El máximo tribunal, sin embargo, ha decidido modificar las agravantes contra Castillo, a quien Cáceres había denunciado públicamente por amenazas de muerte, lo que podría implicar una reducción de su condena, según organizaciones defensoras de derechos humanos.
La decisión de la Corte es un alivio para quienes durante años han presionado para que se imponga la justicia en este caso y contra la impunidad, en uno de los países más violentos para los defensores del medio ambiente. “Estamos muy alegres de por fin comunicar esto”, ha dicho una de las integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organismo que no ha cejado en denunciar no solo la trama que terminó con el asesinato de la activista, sino la influencia de poderosos sectores económicos interesados en que este caso quede impune. La Sala de lo Penal de la Suprema declaró “por unanimidad de votos” no aceptar el recurso de casación que interpuso ante la justicia la defensa de David Castillo, quien fue condenado a 22 años y seis meses de cárcel por el delito. La Corte, además, ha declarado “firme y ejecutable la sentencia” contra los otros involucrados.
Un tribunal hondureño condenó en noviembre de 2018 a siete personas relacionadas con el asesinato de Cáceres. Entre los condenados están los tres sicarios que dispararon contra la ambientalista, los exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que construiría la presa hidroeléctrica a la que la ecologista se oponía. Castillo fue condenado en 2021 tras ser señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato. La Fiscalía afirmó en su acusación que el entonces presidente ejecutivo de DESA pidió al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudió a un viejo amigo del Ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pagó hasta 2.200 dólares para cometer el crimen.
A pesar de la ratificación de la sentencia, las organizaciones de derechos humanos de Honduras temen que la modificación de las agravantes contra Castillo pueda reducir la condena en su contra. Berta Zúñiga, hija de la ambientalista asesinada, dijo el martes que espera analizar la sentencia a fondo, porque a pesar de haber estado en la sede de la Corte no le fue entregado el documento hasta que, le dijeron, sean notificadas todas las partes involucradas en el proceso.
Una de las decisiones que preocupan a los activistas es la de haber enviado el caso de Sergio Rodríguez, otro de los implicados del crimen, al pleno de la Corte Suprema debido a una supuesta falta de unanimidad entre los jueces sobre la ratificación de su condena. Rodríguez, gerente de comunicaciones de DESA, confesó durante el juicio que el “problema Berta Cáceres” era discutido a nivel de la junta directiva de la empresa. La Sala de lo Penal “recalificó” el delito de Rodríguez de asesinato consumado a cómplice de asesinato, “por lo que, debido a esta decisión mayoritaria, a la brevedad posible el expediente junto con sus antecedentes serán remitidos a la Suprema Corte para que la causa sea conocida por el pleno de magistrados de ese ente superior”, establece la sentencia.
Los integrantes de COPINH han emitido un comunicado en el que expresan su preocupación por esta decisión, que, dicen, “confirma una vez másla existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala [accionistas mayoritarios de la empresa DESA] continúan en la impunidad”. Para estos activistas, la decisión de los magistrados es “producto de las presiones indebidas al órgano de justicia y demuestra la continuidad de la existencia de la estructura criminal detrás del crimen contra Cáceres. El derecho al acceso a la justicia se sigue obstaculizando por parte de los intereses económicos y políticos que tienen sus garras dentro del sistema de justicia hondureño y que pretenden beneficiar a la familia Atala y sus aliados criminales”, afirman desde la organización.
La ambientalista y líder indígena fue asesinada en su casa en marzo de 2016, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había obligado al Gobierno en 2009 a brindarle protección policial. El asesinato de Cáceres se sumó a la lista de homicidios y actos de violencia contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Honduras, uno de los países más violentos del mundo para los activistas. Un informe de Naciones Unidas publicado en marzo afirma que los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron durante 2023, con unas 561 personas víctimas de agresión y al menos 15 defensores y dos reporteros asesinados. “Me preocupa mucho el hecho de que Honduras siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”, dijo el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk. “Mi Oficina alienta firmemente a las autoridades a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección y a implementar todas las medidas institucionales necesarias para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”, agregó.
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Publish date : 2024-11-26 16:31:00
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