los productores de soja se oponen a las medidas contra la deforestación importada de la UE

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La deforestación es un proceso mediante el cual se agota o destruye por completo la superficie forestal y está provocada principalmente por la actividad humana. La tala indiscriminada de bosques tiene muchas causas, pero la mayoría están relacionados con la agricultura y con los intereses económicos de varias industrias.

La soja es una legumbre de etiquetado obligatorio que pertenece a la familia de las leguminosas, a la que por su por su elevado contenido graso se la incluye dentro de los frutos secos. Tiene altos contenidos de proteína vegetal y otros nutrientes, pero la que se cultiva en América del Sur es principalmente transgénica.

Soja y deforestación La soja es la materia prima que implica el segundo mayor porcentaje de deforestación en el mundo (32.8 %), según la Unión Europea (UE), de acuerdo con un análisis de eficiencia que realizó para implementar el reglamento 1.115. En contrapartida, en Paraguay es uno de los principales ingresos para su economía. En 2023 marcó un récord histórico, ascendiendo a US$ 3424 millones. El país, al igual que sus vecinos en la región, debate cómo afrontará la nueva exigencia de la UE mientras el cultivo no deja de avanzar sobre los bosques nativos.

El reglamento 1.115 se enfoca en el impacto del consumo de siete materias primas que provienen de zonas deforestadas. Entre ellos, en primer lugar se encuentra la palma aceitera, luego soja, madera, cacao, café, ganado bovino y caucho. Para seguir haciendo negocios con la UE, los grandes operadores y comerciantes deberán regirse a esta exigencia ambiental desde el 31 de diciembre de 2025, mientras que las medianas y las pequeñas empresas deberán hacerlo a partir del 30 de junio de 2026. Al principio, la entrada en vigencia estaba prevista para finales de este año

Esto significa que cuando el reglamento comience a ser aplicado, tanto Paraguay como otros países que tenga interés de exportar a la UE tendrán que hacerlo bajo los estándares de libre deforestación, con materias primas producidas en tierras no sujetas a la tala de árboles o degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020.

El reglamento de la UE indica que todo el proceso del agronegocio tiene que tener un sistema que permita constatar el origen del producto para determinar que esté libre de deforestación; es decir, que los productores deberán demostrar con geolocalización y trazabilidad que la soja sale de un territorio que no haya sufrido deforestación hasta después de la mencionada fecha.

Bosque Atlántico: al oriente del Río Paraguay Productores sojeros de Paraguay se han opuesto a esta medida. Argumentaron que la medida es de difícil cumplimiento, pero, sobre todo, hablaron de que no confían en el sistema de control que se pueda establecer para que se cumplan estos parámetros.

De acuerdo con el Instituto Forestal Nacional (Infona), dicho sector fue responsable de la deforestación de 162 719 hectáreas de bosques para la plantación de soja entre 2004 y 2022 en la región Oriental de Paraguay. De esta cantidad, al menos 819 hectáreas se deforestaron entre los años 2020 y 2021. Es decir, dentro del periodo en el que ya estaba prohibido deforestar según la nueva legislación de la UE.

Este país tiene dos regiones separadas por el río Paraguay. Una es la región Occidental, que alberga el áspero y caliente Chaco paraguayo, cuyas áreas forman parte del gran Chaco americano, compartiendo territorio con Argentina, Brasil y Bolivia.

Esta se encuentra en el lado norte del cauce hídrico y es la segunda región boscosa más importante de Sudamérica, después de la Amazonía. Al sur del río Paraguay, se encuentra la segunda región, la Oriental, donde se encuentra el Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA), de características tropicales, considerado uno de los bosques tropicales más amenazados en el mundo, según la organización World Wide Fund for Nature (WWF).

Aunque la devastación de bosques en Paraguay empezó en los años setenta por la expansión de la agroindustria (plantaciones y ganadería a gran escala), recién en 2004 el Gobierno paraguayo tomó la decisión de prohibir la deforestación en toda la región Oriental, a través de la conocida Ley de Deforestación Cero.

En 2010, entró en vigencia la ley de restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos que incorporó a la región Occidental, que si bien no prohíbe la tala de árboles, obliga a plantar árboles de especies nativas para recuperar y conservar el estado natural de las áreas deforestadas. Pese a estas normativas, la destrucción de bosques no ha parado.

Los datos satelitales de Global Forest Watch (GFW) indican que la deforestación arrasó con 1 282 989 hectáreas de cobertura forestal en la región oriental entre 2001 y 2019. Una dimensión que equivale a los departamentos de Central, Paraguarí y la capital paraguaya, Asunción.

El informe de Infona que hace referencia al “cultivo de soja en área libre de deforestación” es revelador. Si bien habla de que el 94.5 % de la soja sembrada -en una superficie de más de 3.5 millones de hectáreas- en la región Oriental proviene de zonas libres de deforestación desde 2004, el porcentaje que resta es significativo. Ese 5.5 % restante representa a las 162 719 hectáreas de bosques deforestadas en una región que tenía una ley que prohibía esta actividad.

Es decir, si tomamos como referencia el periodo 2004-2022, el promedio de deforestación que presenta solamente la región Oriental de Paraguay por plantaciones de soja llega a las 9039 hectáreas por año. En octubre de 2022, un equipo periodístico de Mongabay Latam comprobó la deforestación que alertaba el sistema GFW en una reserva indígena del departamento de Caaguazú, también en la región Oriental. El motivo del desmonte era la plantación de soja que realizaba una colonia menonita colindante.

La zona afectada era de la comunidad indígena Pindo’i, de unas 1330 hectáreas. La plataforma de monitoreo de GFW identificó 684 alertas de deforestación dentro de la reserva, que se encuentra en el interior de la comunidad. El equipo de Mongabay Latam estuvo en el lugar y pudo documentar la deforestación de los bosques de estas tierras indígenas y la violación de al menos dos leyes ambientales: la que prohíbe la deforestación en la región oriental y la que anula hacer cambios forestales en territorios indígenas.

El de Pindo’i no es el único caso. En los últimos años, se han registrado varias denuncias sobre tala de los bosques en los territorios indígenas para la plantación de soja. La normativa de la UE también establece entre sus consideraciones el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, con respecto a los bosques y el principio de consentimiento libre, previo e informado.

Bosque chaqueño: al occidente del Río Paraguay La soja continúa siendo el principal rubro del agronegocio en Paraguay, según un informe de la organización Base IS, que hace años trabaja investigando a este sector. Esta organización señala que las plantaciones de soja ahora tienen un crecimiento exponencial en pleno Chaco paraguayo, que hasta principio de los 2000 era considerado un terreno imposible para la soja por el calor y la sequía.

Sin embargo, desde 2015 -año que se registran las primeras plantaciones- el Chaco paraguayo tuvo un crecimiento de 1339 % en productividad sojera, pasando a ocupar de 4450 hectáreas de soja a 64 031 hectáreas en 2022. Según Base IS, que recoge datos de GFW, sólo en el departamento chaqueño de Boquerón, que ha perdido más de un millón de hectáreas de bosques en los últimos años, existen cultivos de soja en 43 728 hectáreas.

¿Qué opina el Gobierno? El reglamento 1.115 de la UE contempla que la deforestación y la degradación forestal están avanzando a un ritmo alarmante en el mundo: 420 millones de hectáreas de bosques se perdieron entre 1990 y 2020 a nivel mundial. Resalta que esto supera la superficie de la propia UE.

Por esto, este bloque de países europeos considera que el consumo de sus habitantes es un factor sumamente importante en este sentido, ya que sin ninguna intervención reguladora estiman que solamente con el consumo de carne bovina, cacao, café, palma aceitera, soja y madera harían que la deforestación se eleve aproximadamente a 248 000 hectáreas cada año, hasta 2030.

No obstante, para diferentes países de América resultó inaceptable la nueva medida. Incluso, ministros de Agricultura de Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay se pronunciaron a través del Consejo Agropecuario del Sur en contra del reglamento, alegando que no está basado en la ciencia y en su momento existía una gran incertidumbre en cuanto a la mecánica de su aplicación.

Cuatro meses más tarde, Brasil solicitó a la UE mediante una carta postergar la aplicación del polémico reglamento, que se tenía que poner en marcha desde diciembre de este año. El Parlamento Europeo se allanó a este y otros pedidos para aplazar la implementación para finales de 2025 y mitad de 2026.

El gobierno paraguayo, desde el actual presidente Santiago Peña y sus principales voceros, se han mostrado en contra de la propuesta de la UE, coincidiendo en gran medida con los gremios sojeros paraguayos. Es una posición que ya ha tenido el anterior gobierno de Mario Abdo Benítez. Incluso, un exministro de Agricultura de su gestión, Santiago Bertoni, fue uno de los principales funcionarios en contra de la medida.

La cámara trampa capta un primer plano de un león americano aparentemente de edad juvenil. Foto: WCS Paraguay. La posición gubernamental paraguaya tuvo el amplio apoyo de los principales grupos de poder de la agroindustria. El primer gremio que salió a respaldar al gobierno y su posición fue la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que a través de su actual presidente, Héctor Cristaldo, manifestó por todos los medios posibles su desacuerdo. La postura de la UGP tuvo mucha repercusión en los medios masivos locales de Paraguay, que han replicado varias veces los cuestionamientos del gremio al planteamiento de la UE.

El reciente acuerdo de Libre Comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea -tras 25 años de demoras- también es un elemento nuevo que se suma al actual escenario de la reglamentación 1.115. Sin embargo, este tratado todavía tiene que pasar por un largo proceso de revisión de documentos, ajustes y otros detalles importantes, como la aprobación del Parlamento Europeo. También, de cada Congreso de los países miembros del Mercosur, por lo que su entrada en vigencia todavía está lejos de tener una fecha establecida.

Aldo Benítez – Mongabay

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