Los delitos violentos y la inseguridad siguen siendo barreras importantes para la prosperidad en América Latina y el Caribe, según un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), difundido ayer. Con sólo el 8 % de la población mundial, esta región representa un tercio de los homicidios del mundo. Además, encuestas regionales recientes muestran que la delincuencia es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, pero también perjudica a la economía, al socavar la inversión, la productividad y el crecimiento, con altos costos económicos y sociales.
Por lo tanto, los delitos violentos y la inseguridad son factores “macrocríticos” en esta región, afirma el FMI.
Los datos muestran que los homicidios tienden a agruparse en áreas cercanas a las fronteras nacionales, infraestructura de transporte clave y áreas costeras. Los delitos violentos también son más frecuentes en las ciudades y regiones donde las poblaciones son más jóvenes y menos educadas.
El informe muestra que, a nivel municipal, un aumento del 10% en los homicidios reduce la actividad económica en alrededor del 4%. Esto implica que reducir a la mitad las tasas de homicidio podría impulsar la actividad a nivel local en un promedio de 30%, aunque los efectos agregados a nivel nacional probablemente sean menores ya que el crimen conduce a la reubicación de la actividad económica.
Fondo Monetario Internacional. Perspectivas Económicoas
AFP
La delincuencia es un obstáculo clave para hacer negocios en esta región: el 30% de las empresas percibe la delincuencia rampante como su problema clave, y los costos directos (calculados como el valor de las pérdidas debidas a la delincuencia y el gasto de las empresas en seguridad) se estiman en 7% de las ventas anuales.
La delincuencia también disminuye la productividad laboral, mientras que los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación.
El informe agrega que las pequeñas empresas son las más vulnerables a los efectos nocivos del delito.
En cuanto al crimen organizado, es especialmente caro: la presencia de pandillas y el tráfico de drogas amplifican los costos de hacer negocios.
Un análisis en México muestra, por ejemplo, que los costos de los daños causados por la delincuencia son cuatro veces mayores para las empresas que informan que hay pandillas operando en sus proximidades.
Los delitos violentos aumentan con la inestabilidad macroeconómica, la desigualdad y los problemas de gobernabilidad. Está comprobado, además, que una recesión aumenta los homicidios hasta en un 6% en promedio en esta región.
Asimismo, un aumento de la inflación superior al 10% se asocia con un alza de igual porcentaje en los homicidios, en promedio, durante el año siguiente. Y un aumento de una desviación estándar en el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad en los ingresos) se asocia con un aumento de 12% en los homicidios.
Si bien el gasto en seguridad en la región es significativo, generalmente es “poco elástico”, destaca el FMI. Esto significa que el gasto en orden público y seguridad, que promedia alrededor del 1,9% del PIB, tiende a no reaccionar a los cambios en el delito y pierde efectividad.
En algunos países, a pesar de una alta proporción del gasto en el poder judicial, la capacidad de los tribunales para castigar los delitos sigue siendo débil.
Realidades diversas según los países
Las tendencias agregadas tienden a ocultar la heterogeneidad entre países: las tasas de homicidio en 2023 superan los 30 por 100.000 en varios países del Caribe, pero menos de 10 por 100.000 en otros países, como Chile y Perú.
Brasil, Colombia y México, que albergan alrededor del 60 % de la población de la región, representan el 70% de los homicidios de la región.
Entre 2001 y 2020, Colombia experimentó mejoras significativas, especialmente en ciudades que alguna vez fueron conocidas como epicentros del crimen organizado, como Cali y Medellín. Desde entonces, ha aumentado la inestabilidad política debido a la violencia de las pandillas.
Salvadoran policemen trasport suspected members of the Barrio 18 gang after a deadly attack against a group of soldiers in San Salvador April 20, 2015. Three salvadoran soldiers were killed in the last 48 hours after the death of nine Barrio 18 gang members in an army operation this weekend. REUTERS/Jose Cabezas TPX IMAGES OF THE DAY EL SALVADOR-CRIME/
STRINGER/EL SALVADOR/REUTERS
En los últimos años, El Salvador fue testigo de la caída más pronunciada de homicidios en la región, tras la intensificación de las operaciones de seguridad contra las pandillas (con el gobierno de Bukele). Esto se complementó con medidas de cooperación entre el poder judicial y la policía y la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas.
Ecuador está experimentando una escalada sin precedentes de la violencia letal, debido a la competencia entre grupos narcotraficantes.
Cabe agregar que en la mayoría de los países de la región hubo un deterioro pospandémico en términos económicos y de seguridad, que se retroalimentan.
Uruguay es un país que destaca por sus indicadores económicos en la comparación regional. Sin embargo, el índice de homicidios en el país es bastante considerable, según afirma el FMI basado en la información de la prensa local.
Las mayores preocupaciones de la población sobre los niveles de inseguridad aparecen en Nicaragua, El Salvador, Ecuador y Paraguay, a pesar de que las tasas de homicidio han bajado en algunos de esos países.
En Uruguay más del 20% de la población manifestó haber sido víctima de algún tipo de delito, un porcentaje que se ubica dentro de la media regional. En los primeros lugares en ese indicador de percepción de la gente, están Nicaragua y México, seguidos por Argentina, Colombia, Honduras y Ecuador, en ese orden. Y en sus niveles más bajos, están Jamaica con alrededor del 7% y Panamá en el entorno al 13%.
Las políticas económicas pueden mitigar el costo de la delincuencia o maximizar los beneficios de una menor criminalidad, especialmente mediante mejoras en el seguimiento y la coordinación de políticas en todos los niveles de gobierno.
Dadas las complejidades y los posibles efectos indirectos de los delitos violentos, el FMI plantea que es esencial una cooperación más estrecha entre los gobiernos, las instituciones financieras internacionales, el mundo académico y la sociedad, para desarrollar datos, análisis y lecciones de políticas basadas en evidencia.
En línea con la literatura, el documento del FMI enfatiza la necesidad de contar con instituciones de justicia penal eficaces y responsables para combatir el crimen en la región. Esto incluye combatir la corrupción en el cuerpo policial y el poder judicial para aumentar la confianza en la administración de justicia y, a su vez, aumentar las tasas de presentación de denuncias y reducir la impunidad de los delitos.
Fortalecer la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero, mejorando el intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas, también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad de las armas de fuego.
Asimismo, las medidas para fortalecer el estado de derecho en general producirían dividendos económicos, fomentándose así la inversión y el crecimiento.
Finalmente, la carga fiscal del gasto en seguridad subraya la necesidad de que los ministerios de finanzas monitoreen sistemáticamente y mejoren la eficiencia de los recursos asignados al orden y la seguridad públicos, en asociación con los ministerios competentes.
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Publish date : 2024-11-11 14:30:00
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