Siete millones de bolivianos participaron este domingo de una elección única en América Latina: la de los magistrados de las altas cortes judiciales del país. A falta de conocer los datos, igual que en las anteriores ocasiones la asistencia a las urnas fue alta, cercana al 70%, porque el voto es obligatorio, y pacífica, porque lo que está en juego no interesa mucho a los electores. En la primera elección judicial, en 2011, los votos blancos y nulos alcanzaron un 57%, mientras que en la segunda, de 2017, este porcentaje se elevó a un 65%.
El sentimiento preponderante en los recintos electorales fue, no obstante, la perplejidad. Qué hacer con las grandes “papeletas” o boletas llenas de nombres nunca antes escuchados por los ciudadanos. “Elegiremos entre desconocidos”, tituló un periódico local. “No sabía por quién votar”, se quejaban los electores. Se espera una importante cantidad de votos nulos y blancos cuando los resultados se conozcan en los próximos días.
Los candidatos tenían la prohibición de hacer campaña electoral y debían limitarse a difundir sus propuestas académicas. Esta regla se transgredió con propaganda impresa y en las redes sociales, pero se cumplió en la televisión y la radio. Además, ninguno de los aspirantes era una celebridad. Fueron las listas preparadas por los partidos políticos y transmitidas por WhatsApp las que sirvieron de referencia. Algunos diputados de oposición difundieron listas de supuestos “candidatos oficialistas” para que no se votara por ellos. Las dos alas en que está dividido el Movimiento al Socialismo (MAS) también publicaron recomendaciones. Estas actividades se realizaron de forma disimulada, ya que son ilegales.
De acuerdo con la Constitución boliviana, todos los mayores de edad deben votar cada seis años para elegir a los 26 altos cargos de la Justicia: nueve –uno de cada departamento o región– en el Tribunal Constitucional Plurinacional, nueve –uno de cada departamento– en el Tribunal Supremo de Justicia, tres en el Consejo de la Magistratura y cinco en el Tribunal Agroambiental. Los candidatos son seleccionados por dos tercios de los votos del Parlamento.
El objetivo declarado de las elecciones es ofrecer una mayor legitimidad a las autoridades judiciales para que actúen con independencia y probidad. Esto no ha ocurrido hasta ahora. Hay consenso en que el voto directo no ha resuelto los viejos problemas del sistema, que tiene una alta tasa de presos sin sentencia, juicios que duran décadas y acusaciones de corrupción y extorsión. Según expertos como el expresidente de Bolivia y de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé, el Tribunal Constitucional se ha convertido en un “suprapoder” que interfiere en casi todos los procesos, especialmente en aquellos en los que hay intereses políticos o mucho dinero en juego.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, reconoció ante la prensa que “ha habido muchos problemas”. “Lo sabemos, pero hemos cumplido, como Gobierno, en viabilizar estas elecciones”. dijo, Se refería a que el domingo no se cumplió más que parcialmente lo que manda la Constitución. La elección se produjo con un año de retraso, fue obstaculizada con cientos de procesos judiciales y solo se votaron 19 cargos, quedando siete pendientes para una posterior elección.
Las elecciones fueron parciales porque la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional admitió varios recursos de inconstitucionalidad presentados contra la convocatoria electoral y la definición de candidatos en algunas jurisdicciones departamentales (regionales). La decisión causó un escándalo, porque las suspensiones beneficiaron a los propios jueces que las dictaminaron, los magistrados de la Sala Cuarta del Constitucional Gonzalo Hurtado e Iván Espada, cuyo mandato quedó prorrogado sin fecha.
Estos juristas también son cuestionados por haber sentenciado la inhabilitación de Evo Morales a las elecciones de 2025 y por haber entregado el control del partido político del expresidente a una directiva que favorece al presidente Arce, lo que resulta crucial en la batalla entre este y Morales por el poder. “Estoy seguro de que va a ser la peor elección de la historia”, señaló el expresidente el día de la votación, en alusión a la interferencia del Constitucional. “No es la mejor elección, pero es la que hay”, declaró por su parte el presidente del Tribunal Electoral, Oscar Hassenteufel.
Las dos primeras elecciones judiciales, en 2011 y 2017, fueron regulares porque las sostuvo e impulsó el MAS, la fuerza entonces hegemónica. Cuando este partido se dividió, hace dos años, la falta de mayoría en la Asamblea Legislativa generó una situación de incertidumbre que fue aprovechada por el Poder Judicial para “independizarse” del resto de las instituciones. “Se convirtió en un grupo corporativo más, en lucha por sus propios intereses”, escribió el analista Armando Ortuño en una columna de opinión. Este fenómeno ha marcado estas últimas elecciones de magistrados.
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Publish date : 2024-12-16 07:35:00
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