Salvadoran policemen trasport suspected members of the Barrio 18 gang after a deadly attack against a group of soldiers in San Salvador April 20, 2015. Three salvadoran soldiers were killed in the last 48 hours after the death of nine Barrio 18 gang members in an army operation this weekend. REUTERS/Jose Cabezas TPX IMAGES OF THE DAY EL SALVADOR-CRIME/
STRINGER/EL SALVADOR/REUTERS
En los últimos años, El Salvador fue testigo de la caída más pronunciada de homicidios en la región, tras la intensificación de las operaciones de seguridad contra las pandillas (con el gobierno de Bukele). Esto se complementó con medidas de cooperación entre el poder judicial y la policía y la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas.
Ecuador está experimentando una escalada sin precedentes de la violencia letal, debido a la competencia entre grupos narcotraficantes.
Cabe agregar que en la mayoría de los países de la región hubo un deterioro pospandémico en términos económicos y de seguridad, que se retroalimentan.
Uruguay es un país que destaca por sus indicadores económicos en la comparación regional. Sin embargo, el índice de homicidios en el país es bastante considerable, según afirma el FMI basado en la información de la prensa local.
Las mayores preocupaciones de la población sobre los niveles de inseguridad aparecen en Nicaragua, El Salvador, Ecuador y Paraguay, a pesar de que las tasas de homicidio han bajado en algunos de esos países.
En Uruguay más del 20% de la población manifestó haber sido víctima de algún tipo de delito, un porcentaje que se ubica dentro de la media regional. En los primeros lugares en ese indicador de percepción de la gente, están Nicaragua y México, seguidos por Argentina, Colombia, Honduras y Ecuador, en ese orden. Y en sus niveles más bajos, están Jamaica con alrededor del 7% y Panamá en el entorno al 13%.
Las políticas económicas pueden mitigar el costo de la delincuencia o maximizar los beneficios de una menor criminalidad, especialmente mediante mejoras en el seguimiento y la coordinación de políticas en todos los niveles de gobierno.
Dadas las complejidades y los posibles efectos indirectos de los delitos violentos, el FMI plantea que es esencial una cooperación más estrecha entre los gobiernos, las instituciones financieras internacionales, el mundo académico y la sociedad, para desarrollar datos, análisis y lecciones de políticas basadas en evidencia.
En línea con la literatura, el documento del FMI enfatiza la necesidad de contar con instituciones de justicia penal eficaces y responsables para combatir el crimen en la región. Esto incluye combatir la corrupción en el cuerpo policial y el poder judicial para aumentar la confianza en la administración de justicia y, a su vez, aumentar las tasas de presentación de denuncias y reducir la impunidad de los delitos.
Fortalecer la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero, mejorando el intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas, también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad de las armas de fuego.
Asimismo, las medidas para fortalecer el estado de derecho en general producirían dividendos económicos, fomentándose así la inversión y el crecimiento.
Finalmente, la carga fiscal del gasto en seguridad subraya la necesidad de que los ministerios de finanzas monitoreen sistemáticamente y mejoren la eficiencia de los recursos asignados al orden y la seguridad públicos, en asociación con los ministerios competentes.
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Publish date : 2024-11-11 14:30:00
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